Las prioridades de un gobierno quedan claras en su presupuesto. Según la Encuesta de Percepción de Fundación Libertad y Desarrollo (septiembre 2025), la violencia, el crimen y las drogas figuran entre los principales retos de una tercera parte de la población, y 58% expresó haber percibido un aumento del delito en los meses recientes. Aun así, el proyecto de Presupuesto 2026 que asciende a Q163 mil 783.4 millones asigna apenas alrededor de 10 centavos de cada quetzal al sistema de justicia penal.

La justicia criminal no está cumpliendo con su responsabilidad básica: investigar con seriedad, procesar con oportunidad y resolver los casos conforme a la ley. Las cifras muestran un sistema frágil y desarticulado. Entre 2014 y 2024, únicamente 11% de los casos de homicidio simple y calificado llegó a sentencia o acusación, un reflejo claro del deterioro institucional.

El proyecto de presupuesto 2026 asigna Q17 mil 103.0 millones a la justicia penal, Q1 mil 492.4 millones adicionales al 2025 para las distintas entidades que integran el sistema: el Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), el Sistema Penitenciario (SP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto de Atención a la Víctima (IAV). Sin embargo, la planificación continúa por separado.

El mayor crecimiento corresponde al Mingob, con el aumento más alto (Q1 mil 159.9 millones), impulsado por la reforma que incorpora el escalafón policial y por el rubro penitenciario, que según estimaciones técnicas ronda los Q500 millones del incremento. En contraste, Inacif, IDPP y el IAV mantienen una participación cercana al 5%. Por quinto año consecutivo, el MP recibirá más recursos que el OJ, aunque este último atiende no solo materia penal, sino también asuntos civiles, mercantiles, de familia y laborales, entre otros. Esta diferencia de cargas y funciones explica gran parte del desbalance operativo entre ambas instituciones.

Los resultados siguen sin mejorar. La tasa interanual de homicidios aumentó en el primer semestre del año y las denuncias por extorsión no muestran señales de retroceso. A esto se suma que más de la mitad de las víctimas no denuncia, ya sea por temor o por falta de confianza en las instituciones, lo que limita la generación de información esencial para orientar la investigación criminal.

Los estudios internacionales coinciden con este diagnóstico. En el Índice de Estado de Derecho 2025 (escala 0 a 1), Guatemala obtuvo 0.30 en justicia penal y 0.33 en justicia civil, dos de las calificaciones más bajas de la región. La acumulación de audiencias, la lentitud procesal y la ejecución irregular de decisiones judiciales afectan la credibilidad del sistema. Mientras tanto, el SP continúa operando con sobreocupación y sin una ruta clara para ordenar su funcionamiento.

El problema central no es solo de presupuesto, sino de organización. Cada institución trabaja como si fuera independiente del resto. No hay metas compartidas, indicadores comunes ni una hoja de ruta para medir el desempeño conjunto. Sin una visión integral, los resultados no cambiarán.

Para enfrentar esta situación, el Cien recomienda trabajar como sistema: definir roles claros, compartir responsabilidades y acordar un plan estratégico interinstitucional orientado a la reducción de delitos. También urge establecer indicadores que permitan identificar y liberar los cuellos de botella, además de incorporar tecnología para modernizar todo el proceso —desde notificaciones electrónicas, interoperabilidad hasta el uso de control telemático— y asignar los recursos económicos con base en resultados y necesidades reales.