Luego de varios meses de discusión entre diversos actores, el Ejecutivo presentó la iniciativa de ley que crea una autoridad portuaria y permitirá la inversión privada para la construcción y operación de puertos y terminales en Guatemala.

Las autoridades de gobierno presentaron la iniciativa de ley General del Sistema Portuario, la cual establecerá una autoridad portuaria con diversas competencias en la regulación de los puertos marítimos.

El proyecto de ley, presentado al Congreso de la República por la Secretaría General de la Presidencia, cubrirá un vacío legal existente. Asimismo, permitirá la modernización e implementación de tecnología en los puertos nacionales, así como la participación de inversionistas privados en la construcción y operación de terminales portuarias, bajo un nuevo esquema regulatorio.

La presentación del proyecto, realizada por el presidente Bernardo Arévalo en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, ocurre en vísperas de la suscripción del contrato entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) y el Ministerio de la Defensa Nacional, para la modernización y ampliación de las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, prevista para este jueves 23 de mayo.

Esta iniciativa forma parte de la agenda económica legislativa. Desde hace varios años existía discusión sobre la necesidad de contar con una ley general del sistema portuario, por lo que ahora entrará en el proceso de discusión en el Congreso durante el segundo semestre.

¿En qué consiste?

Antes de ser designado como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle fue presidente de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), que lideró la discusión de la propuesta, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), representantes de otras instituciones de gobierno y delegados del sector privado organizado.

El funcionario indicó que el proyecto ha sido un esfuerzo fundamentado en la última ley aprobada por el Congreso, el Decreto 26-2024, “Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional”, en la cual se subraya la importancia de la modernización del sector marítimo. Por ello, se presentó el documento para iniciar su validación y aprobación.

“Es importante contar con una ley actualizada, no solo para atender las problemáticas actuales, sino con base en buenas prácticas internacionales y las recomendaciones que se han recibido para poder atenderlas”, afirmó Ovalle luego de participar en un foro de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

Según Ovalle, con la nueva normativa se aplicarán innovaciones tecnológicas, se ampliarán los puertos a nivel nacional, se fomentará la inversión público-privada y se avanzará en la automatización de procesos, no solo en el servicio aduanero, sino en todas las instituciones involucradas, mediante plataformas que faciliten la internación de mercancías.

“Es una visión estratégica que se está consolidando”, reiteró el superintendente, quien explicó que en el proceso de elaboración del proyecto se contó con el apoyo de la OEA a través de la comisión de puertos. Es una normativa basada en buenas prácticas internacionales.

Primer avance

Jorge Gómez, presidente de la junta directiva de los Servicios Integrados para la Exportación (Siex), de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que la iniciativa debe verse como un esfuerzo conjunto público-privado, a través de la CPN, que fue la institución encargada de generar los insumos.

En esas discusiones se analizaron las necesidades portuarias con el objetivo de que el sistema sea funcional, ágil y permita la modernización y mejora continua, en consonancia con el crecimiento del comercio exterior.

Recordó que al presentarse la iniciativa se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 26-2024, la cual estipulaba la presentación de una propuesta legal para el fortalecimiento del sistema portuario.

“Nos satisface el avance, aunque persisten dudas sobre si contiene todos los elementos que como sector privado consideramos necesarios, importantes y fundamentales para el comercio internacional”, señaló.

Sobre esas dudas, el directivo de Siex aclaró que es necesario tener certeza sobre las necesidades actuales y futuras del sector empresarial y avanzar en las siguientes fases hasta que se convierta en una normativa ejecutora.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de AmCham, aseguró que todo lo relacionado con infraestructura portuaria y vial cuenta con apoyo, y que, en conjunto con el respaldo de EE. UU., y la firma prevista con Usace, así como el análisis del sistema ferroviario, se anticipan esfuerzos importantes para mejorar infraestructura, administración y seguridad en las terminales.

Una autoridad única

Para el consultor en infraestructura crítica Enrique Godoy, esta iniciativa debe entenderse en el sentido amplio del concepto de puerto, que no solo incluye los marítimos, sino también los terrestres —puntos fronterizos— y los aéreos.

A su juicio, la autoridad portuaria debe ser única, con facultades para regular puertos marítimos, terrestres y aéreos, como un ente superior a las operaciones individuales.

Explicó que actualmente las operaciones de los puertos están reguladas por las leyes que los crearon, pero no existe una ley que regule de manera general la operación portuaria, ni siquiera para la creación de una terminal marítima privada, por lo que es necesario establecer un ente rector del sistema portuario.

A partir de esa regulación podrían establecerse alianzas público-privadas o puertos públicos.

“Lo positivo es que se está creando una ley portuaria, porque no existe una normativa nacional que regule la operación de los puertos. A mi entender, se queda corta porque solo se enfoca en puertos marítimos, y no en todos los puertos. Podría aprovecharse para crear una autoridad que administre también los aeropuertos”, concluyó.

Arévalo pide agilizar aprobación

Durante una conferencia de prensa, el gobernante Bernardo Arévalo, informó que la propuesta de ley fue entregada al Congreso el jueves 15 de mayo, y uno de sus objetivos, es la creación de una autoridad portuaria autónoma y especializada que dirija la planificación portuaria del Estado, que, además tenga el mandato que regule, norme, vigile y sancione a todos los diferentes actores involucrados.

Arévalo requirió a los diputados que “asuman su responsabilidad”, para que la iniciativa sea conocida en el tiempo más corto posible “que aprueben esta ley que va a permitir que Guatemala tenga puertos que respondan a las necesidades del siglo XXI”.

Concluyó que la norma permitiría que el país tenga una legislación que norme a las instancias públicas y privadas que operan dentro del sistema portuario, aprovechando el acceso a dos océanos.

Con información de Leslie Sánchez