La jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, le notificó a María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín que la audiencia de ofrecimiento de prueba será el próximo 11 de diciembre a las 9 horas, en el proceso por el asesinato de Melisa Palacios.

La juzgadora convocó el 24 de noviembre a las partes para retomar la etapa procesal pendiente.

Aunque la defensa mantiene dos amparos en trámite contra la jueza, el abogado Juan Carlos Aquil explicó a Prensa Libre que la jurisprudencia establece que estos recursos no suspenden el proceso principal, por lo que no existe impedimento legal para que la audiencia continúe.

El 9 de diciembre, Bonilla y Marroquín deberán exponer sus argumentos relacionados con los amparos, y dos días después se llevará a cabo la diligencia en la que se conocerán las pruebas en su contra.

¿Qué es una audiencia de ofrecimiento de prueba?

Según el artículo 343 del Código Procesal Penal, en esta audiencia la parte acusadora —el Ministerio Público (MP) y el querellante adhesivo, representado por el Instituto de la Víctima— presenta y detalla los medios de prueba que buscará utilizar en el juicio, como testigos, peritos, documentos y otros elementos relevantes.

La defensa puede objetar las pruebas ofrecidas por la fiscalía. Luego, el juez evalúa y decide cuáles medios se admiten por ser útiles, pertinentes y legales, y cuáles se rechazan por resultar impertinentes, ilegales o abundantes.

El artículo 344 establece que, ese mismo día, el juez debe fijar la fecha del juicio oral y público, el cual debe desarrollarse entre 10 y 15 días después de la audiencia.

Los hechos del caso Melisa Palacios

El caso se remonta al 4 de julio de 2021, cuando Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, desapareció tras salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa. Su familia activó una alerta Isabel-Claudina, y el 5 de julio su cuerpo fue localizado en un terreno baldío con señales de violencia.

Las investigaciones del MP señalaron como principales sospechosos a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes fueron capturados en agosto de 2021 y posteriormente ligados a proceso penal.

En junio de 2025, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó trasladar el caso a la capital por riesgos a la imparcialidad del proceso. Luego, el 2 de septiembre, el Juzgado de Mayor Riesgo C resolvió enviar a juicio a ambos señalados tras escuchar a la fiscalía, al querellante y a la defensa.

Entre los indicios presentados por el MP destacan las últimas comunicaciones entre Melisa y Bonilla, así como un audio grabado minutos antes del asesinato, considerado una pieza clave del expediente.

Desde entonces, la defensa ha promovido recusaciones y amparos, basados en argumentos que ya han sido declarados sin lugar.

Con la nueva fecha para el ofrecimiento de prueba, el proceso entra nuevamente en una fase decisiva, paso previo al juicio que determinará la responsabilidad penal de los acusados.