El uso indiscriminado de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar en comercios de barrio sigue sin contar con un marco legal específico que permita sancionarlos o regularlos, pese a su impacto en la niñez y en comunidades vulnerables.

La falta de control ha derivado en múltiples denuncias ciudadanas y operativos en los que se ha evidenciado cómo estas prácticas afectan a menores de edad.

Ante esta situación, en el Congreso fue presentada una iniciativa de ley que plantea reformar el Código Penal para establecer regulaciones claras. Según explicó Fidencio Lima, presidente de la Comisión de Gobernación, la normativa vigente solo contempla disposiciones para casinos, pero deja fuera a las tragamonedas que operan en espacios de acceso público.

En mayo pasado se realizaron operativos en 149 tiendas del departamento de Alta Verapaz, todos con resultados positivos en la incautación de máquinas. Sin embargo, los diputados señalaron que debido a vacíos legales, las autoridades se ven obligadas a devolver los aparatos a sus propietarios, lo que permite la reapertura de los negocios en pocos días.

Por ello, la iniciativa contempla reformas al Código Penal, incluyendo la tipificación de nuevos delitos como la defraudación tributaria por juegos de azar, la protección de menores en establecimientos abiertos al público, la simulación de loterías virtuales y la colaboración o facilitación de operación de tragamonedas.

Estas adiciones buscan cerrar las lagunas jurídicas que actualmente permiten la impunidad en la explotación de estas máquinas.

Por Bryan Choy