“A dos puyas… no hay toro valiente” … “Hecha la Ley, hecha la trampa”, estas son las frases en las que se acuñan a los momentos políticos de Guatemala, los que han vivido en los últimos años, originando distanciamiento entre los poderes del Estado, que obliga a los guatemaltecos ser firmes en sus acciones, no desvalorizar lo que dice la Constitución, exigir que prevalezca el Estado de Derecho en una república democrática y representativa, que organizaciones internacionales y la sociedad civil, actúen con plena conciencia que nuestro país sea una nación que conlleve progreso y bienestar social, para que inversionistas extranjeros, tengan confianza en una nación que ha sido atrapada por corruptos que se asocian con narcos que financian sus campañas y prolongan sus funciones legislativas y de alcaldes, hechos recurrentes que en los últimos años han sido un desgaste y mal ejemplo para las futuras generaciones.

César Bernardo Arévalo de León asumió la presidencia, al superar las acciones que promovieron opositores, al judicializar el proceso electoral 2023, con argumentos que no tenían sustentación legal, quebrantando lo que dice la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución, que norma que todo proceso electoral, debe sustanciarse en las instancias electorales, no aplicar la Ley del Crimen Organizado, con el frívolo argumento que el partido que lo inscribió (Semilla) adolecía de certeza jurídica, inventando un “supuesto fraude”.

Arévalo se ha enfrentado como jefe del Ejecutivo, a grandes desafíos de sus opositores, no tener armonía con los organismos del Estado. Ahora los diputados opositores ponen al mandatario contra la espada y la pared, en un pulso político al aprobar sin análisis y discusión, el Decreto 7-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Rural, que benefician a los alcaldes para utilizar millones de quetzales para sus comunidades. Dicha ley ha sido adversada por grupos conservadores, que la consideran un pulso político entre el Ejecutivo, diputados y alcaldes de las 340 corporaciones, aprobación que se da por sentado es una presión contra el mandatario de cara al futuro proceso electoral.

El gobernante está entre sancionar o no dicha ley. Pero veamos, esta ley lo que busca es un cheque en blanco en el que las corporaciones municipales puedan tomar los recursos municipales a su sabor y antojo, es decir, tener el arca abierta para sus propios intereses políticos y no de la comunidad. Si esta ley es sancionada, los alcaldes de las diferentes corporaciones tendrán la manera de manipular las necesidades de la población en función de la reelección y sus intereses económicos personales, el no tener auditorías sociales y tomar mano de los fondos hace que las obras futuras sean realizadas sin auditoría social, política y sobre todo de mala calidad. Seguro está que es un nuevo movimiento del pacto de corruptos que se une para eliminar el nivel de popularidad del Presidente y su gobierno. Claro está que es de señalar que los operadores políticos del gobierno son inexistentes en el Congreso, es más, pocas corporaciones municipales pertenecen al partido de gobierno.

Vea estimado lector, como ya lo indiqué esta ley se aprobó como presión para beneficiar a los alcaldes y los diputados que son de mayoría del partido del exmandatario y su pareja sentimental, quienes buscan a toda costa reelegirse, eso sin olvidar la coyuntura que juega el narcotráfico.

Empero el mandatario constitucionalmente tiene el derecho de vetar dicha ley. Si eso ocurre, el Congreso tiene la facultad de aprobarlo y ser ley de la república. Arévalo, además de los problemas que tiene en su gestión, Movimiento Semilla, fue cancelado y los diputados de esa entidad, están desmarcados y no está conforme un grupo de legisladores oficialistas en la formación de otro partido que llevaría el nombre de Raíces.

Los alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), presidida por Sebastián Siero, que pretende ser candidato presidencial, ocasionan al gobernante protestas y manifestaciones para que dé vida jurídica a dicha ley, con el argumento que los millones que recibirán los alcaldes supuestamente para obras sociales para sus municipios, es un bolsón millonario que la ley -de ser aprobada-estaría exenta de ser fiscalizada y es a no dudar un cheque en blanco para los jefes edilicios. Arévalo está contra la pared, si veta dicha ley. De hacerlo, los diputados opositores mocionarían para que el Congreso, le dé vida jurídica al relacionado decreto, para beneficiar a los alcaldes, con quienes han hecho promesas de ayudarlos si se reeligen.

Además, los legisladores de la oposición dicen que, si dicha ley no cobra vigencia, no aprobarían el Presupuesto General de la Nación del próximo ejercicio fiscal y se cobrarían la “factura”, como lo hicieron con el presupuesto de este ejercicio, que los congresistas se autorrecetaron un incremento salarial sin análisis, ni estudio jurídico, que vienen recibiendo desde febrero pasado, pese al descontento de los guatemaltecos.

Arévalo ha sido firme en decir que no se prestará a la corrupción, ni a sobornos, que ha motivado un distanciamiento en los otros organismos del Estado, que por años han sido cuasi secuestrados por regímenes corruptos y ahora se asegura el mandatario, no se presta a chantajes inmorales y corruptos.