El mundo experimenta un retroceso democrático alarmante. El índice V-Dem, elaborado por la Universidad de Gotemburgo y citado por Le Monde Diplomatique en un artículo de su edición argentina de septiembre de 2025, da cuenta de que “por primera vez desde la caída del Muro de Berlín hay más autoritarismos (91) que democracias (88)” y que “casi 3 de cada 4 personas viven hoy bajo algún tipo de autocracia, el porcentaje más alto desde 1978”.

El auge de los autoritarismos va acompañado de una retórica antiderechos de líderes políticos —como el presidente de los Estados Unidos— que arremeten en sus discursos públicos en contra de actores y grupos sociales que trabajan en ámbitos relacionados con la justicia, el Estado de derecho, el combate a la desigualdad, los derechos de las mujeres, la crisis climática, la libertad de expresión y el derecho a la información, por citar algunos.

El “desencanto” con la democracia porque no ha sabido dar respuesta a necesidades ingentes de la población —como la inseguridad y el combate a la pobreza— y la cada vez más acentuada polarización política —en muchos casos, inducida— han devenido en el auge de gobiernos autoritarios cuyos líderes, a pesar de haber ganado en comicios libres, al llegar al poder destruyen la institucionalidad, eliminan los contrapesos, cooptan los sistemas de justicia, las fiscalías y los órganos electorales, y violentan las normas para asegurar sus negocios y la reelección.

Para lograrlo necesitan limpiar el camino de toda disidencia y de cualquier oposición, lo que implica silenciar y perseguir a actores democráticos como personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y gremiales, fiscales y jueces anticorrupción y, por supuesto, a la prensa independiente, cuya tarea central es fiscalizar al poder y develar aquello que se quiere mantener oculto. Esa es la razón por la que en la medida en que se afianzan los regímenes autoritarios se acrecienta la persecución contra medios y periodistas, sin importar que se trate de gobiernos autocráticos (donde el poder se concentra en la figura de un líder “todopoderoso”) o de una camarilla corporativa al mejor estilo del Pacto de Corruptos de Guatemala.

Con la persecución penal selectiva —fruto de la connivencia de fiscales y jueces que les hacen el juego a los poderes fácticos en cada uno de nuestros países— se han multiplicado los exilios y la prisión política. Normalmente, la criminalización se acompaña de una agresiva campaña de desprestigio y desinformación con el fin de restar credibilidad y justificar los encarcelamientos. Vean ustedes cómo funcionarios y personajes vinculados a grandes casos de corrupción, lavado de dinero o graves violaciones a los derechos humanos utilizan discursos y narrativas hostiles y estigmatizantes contra actores democráticos y cómo desde las redes sociales cientos de cuentas (que forman parte de sus milicias digitales) los replican.

Estas prácticas forman parte del “manual” del ejercicio autoritario que se está esparciendo peligrosamente a lo largo y ancho de nuestro continente. No son discursos aislados, ocurrencias individuales o casualidades, son estrategias diseñadas para generar confusión y adhesión y para erosionar la confianza en el periodismo, utilizando a las redes sociales como cajas de resonancia. Los especialistas señalan que la polarización inducida es una práctica común que hace que cada vez más personas sean proclives a “perdonar los excesos antidemocráticos” de sus líderes, porque se sienten identificados con ellos.

En este difícil contexto resulta indispensable repensar las medidas que se deben adoptar desde los gobiernos democráticos para evitar que la población insatisfecha por magros resultados se decante por líderes autoritarios que prometen “alto rendimiento”.