Por CNN

El presidente electo Donald Trump y Elon Musk tienen grandes ambiciones para hacer que el gobierno federal sea más austero y eficiente, revisando su presupuesto y sus operaciones de arriba abajo.

Musk ha advertido que sus objetivos, incluido el recorte de al menos US$ 2 billones en el gasto federal, podrían generar “dificultades temporales” antes de crear, en última instancia, “prosperidad a largo plazo”. Sus declaraciones están provocando las críticas de los expertos en presupuestos, al tiempo que causan escalofríos a muchos trabajadores federales y a quienes dependen del gobierno federal para recibir asistencia o para su subsistencia.

Los detalles sobre cómo funcionará el nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, o DOGE por sus siglas en inglés, y cómo Musk y su colíder Vivek Ramaswamy evitarán los conflictos de intereses, siguen siendo escasos. Pero el dúo ha hablado abiertamente sobre áreas del Gobierno que les gustaría ver modificadas, mientras que Trump y los legisladores republicanos tienen una larga lista de programas y operaciones que les gustaría reformar.

El grupo existirá fuera del Gobierno y probablemente servirá para hacer recomendaciones a la Casa Blanca para el presupuesto anual del presidente, que esboza la visión del presidente pero que el Congreso no está obligado a seguir.

Los objetivos de Musk y Ramaswamy

Cuando el mes pasado le preguntaron en un foro de X cuáles serían los primeros pasos de la iniciativa, Musk dijo que hay tanto despilfarro gubernamental que sería fácil encontrar objetivos.

“Nosotros, solo como país, obviamente, tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades”, dijo Musk, propietario de X y CEO de Tesla y SpaceX. “Así que eso significa simplemente mirar cada partida, cada gasto y decir: ‘¿Es esto necesario en absoluto?’”.

Pero también reconoció que “todo el mundo está recibiendo un recorte”.

“Eso implica necesariamente algunas dificultades temporales, pero garantizará la prosperidad a largo plazo”, dijo Musk.

Musk también criticó al Departamento de Educación, un blanco frecuente de Trump y los republicanos, señalando a la agencia de supuestamente adoctrinar a los menores con propaganda izquierdista y otras fallas. Sin embargo, no pidió su eliminación durante el foro.

Mientras tanto, Ramaswamy, empresario de biotecnología y excandidato presidencial republicano que trasladó su apoyo a Trump, ha sido más específico sobre cómo cambiaría el gobierno federal.

En campaña, dijo que se desharía de hasta el 75% de la mano de obra federal. Alrededor de 2,3 millones de civiles están empleados por el gobierno federal, con casi el 60% trabajando para los Departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional.

“Hordas de burócratas no elegidos ahogan la innovación e ignoran los deseos votados del pueblo estadounidense”, escribió Ramaswamy en un informe técnico.

El plan también pedía cerrar el Departamento de Educación y trasladar sus programas de formación de mano de obra al Departamento de Trabajo; eliminar el FBI y reubicar a sus 15.000 agentes especiales que resuelven casos en otras agencias; y deshacerse de la Comisión Reguladora Nuclear y trasladar sus funciones a otros departamentos.

Acabar con el despilfarro en el gobierno es “una empresa enorme”, dijo Stephen Moore, asesor de la campaña económica de Trump y economista de la Heritage Foundation.

“El DOGE va a necesitar cientos de personas para llevarlo a cabo. No serán solo Elon y Vivek”, dijo Moore, que no participa en el proyecto.

Los expertos dudan

Una serie de expertos en presupuestos de todo el espectro político han cuestionado la capacidad del esfuerzo para recortar cerca de US$ 2 billones al año en gastos, que es más de lo que el gobierno federal gastó en defensa, educación, salud de los veteranos y otras partidas discrecionales en el último año fiscal.

Larry Summers, exsecretario del Tesoro en la administración Clinton, y Glenn Hubbard, expresidente del Consejo de Asesores Económicos de EE.UU. en la administración de George W. Bush, cuestionaron la idea en un acto celebrado el martes.

Recortar esa cantidad del presupuesto federal, que totalizó unos US$ 6,8 billones en el año fiscal 2024, requeriría recortar cada programa en aproximadamente un tercio, dijo Bobby Kogan, director sénior de política presupuestaria federal en el Centro para el Progreso Estadounidense, de tendencia izquierdista.

Y si se protegieran la Seguridad Social, Medicare y los programas para veteranos, habría que recortar el resto del presupuesto en un 62%, lo que afectaría a defensa, cupones de alimentos, asistencia para calefacción doméstica, ayudas a la vivienda, inspecciones de seguridad alimentaria e infraestructuras, entre otros.

“US$ 2 billones al año es una cifra tan absurdamente grande que resulta imposible”, dijo Kogan, señalando que más del 70% del gasto del gobierno federal (sin incluir el pago de intereses) consiste en pagos a particulares, como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y otros programas de ayuda. “Solo se pueden proponer US$ 2 billones al año si no se está interesado en vivir dentro de la realidad o si se es completamente insensible a los grandes efectos perjudiciales que supondría hacerlo”.

El ahorro real derivado de recortar el despilfarro, el fraude y el abuso ascendería probablemente a entre US$ 150.000 y 200.000 millones, según publicó Brian Riedl, investigador principal del derechista Manhattan Institute, el martes en X.

“El ahorro adicional más allá de eso se convierte más en un proyecto ideológico centrado en matar programas que no le gustan en lugar de hacerlos más eficientes”, escribió Riedl, que también trabajó para candidatos presidenciales republicanos y como economista jefe del exsenador del Partido Republicano Rob Portman, de Ohio. “El ‘Departamento de Eficiencia Gubernamental’ de Trump no será un departamento real. Probablemente ni siquiera será una oficina de la Casa Blanca. Probablemente será un esfuerzo privado que redacte un informe y lo envíe a la Casa Blanca y al Congreso. Nada más”.

Los republicanos del Congreso han apuntado repetidamente a ciertos programas y operaciones gubernamentales para recortes, muchos de los cuales también estaban incluidos en el Proyecto 2025, el anteproyecto conservador publicado por Heritage Foundation del que Trump se distanció.

Entre los principales objetivos han estado Medicaid, que proporciona cobertura sanitaria a los estadounidenses con ingresos más bajos, el Programa de Seguro Médico Infantil y los intercambios de la Ley de Atención Médica Asequible, que cubren a unas 100 millones de personas en total, dijo Sharon Parrott, presidenta del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, de tendencia izquierdista.

“La única forma de conseguir un ahorro significativo que se acerque a los niveles en dólares que han propuesto los republicanos es quitarle la asistencia sanitaria a la gente”, dijo.

Algunos partidarios del “Departamento de Eficiencia Gubernamental” lo han comparado con anteriores comisiones fiscales, en particular la Comisión Grace, autorizada por el expresidente Ronald Reagan en 1982, cuya misión era eliminar el despilfarro y la ineficacia en el gobierno federal.

La comisión presentó más de 2.500 recomendaciones a Reagan y al Congreso, pero la mayoría, sobre todo las que requerían legislación, nunca llegaron a aplicarse, escribió el año pasado para la Fundación Peter G. Peterson G. Hoagland, un vicepresidente sénior del Centro de Política Bipartidista que sirvió como miembro del personal de los republicanos del Senado durante 25 años.

Posibles conflictos de intereses

Los vastos negocios de Musk y Ramaswamy plantean considerables problemas de conflicto de intereses si dirigen la nueva iniciativa. Por ejemplo, en su foro de X, Musk criticó repetidamente las regulaciones gubernamentales, citando la interferencia con sus empresas. Tanto el dúo como Trump han abogado por recortar las normativas.

“Es bastante arduo conseguir la aprobación reguladora”, dijo Musk al hablar de su startup Neuralink, que desarrolla interfaces cerebro-ordenador implantables. “Nos ralentiza, y creo que deberíamos ser capaces de ir más rápido en EE.UU. con el avance de la tecnología Neuralink y otras tecnologías que están ahí fuera sin relación con mi empresa”.

Expertos legales dijeron a CNN que la supuesta entidad de eficiencia gubernamental, basada en lo que se sabe de ella hasta ahora, probablemente estará cubierta por una ley federal que requiere transparencia y un equilibrio de puntos de vista en tales comisiones asesoras.

Múltiples comisiones creadas bajo la primera presidencia de Trump se enfrentaron a litigios en virtud de la ley, conocida como Ley Federal de Comités Asesores, o FACA. Una de esas comisiones, creada para estudiar el supuesto problema del fraude electoral después de que Trump afirmara falsamente que millones de personas votaron ilegalmente en 2016, finalmente se disolvió en lugar de seguir luchando contra los casos en los tribunales.

El equipo de transición de Trump no respondió a las preguntas de CNN sobre si cree que la nueva iniciativa estaría sujeta a los requisitos de FACA, pero expertos legales dijeron que si el presidente electo sigue adelante con su plan de que los dos externos la dirijan, la ley será difícil de sortear.

“FACA es típicamente cuando el presidente establece una comisión para examinar cuestiones particulares de interés y preocupación, por lo que esto sí parece similar a FACA”, dijo Jon Greenbaum, un abogado que estuvo involucrado en litigios FACA durante el primer mandato de Trump y fundador de la firma de asesoría legal Justice Legal Strategies.

La ley tiene estrictos mandatos de transparencia que exigen, entre otras cosas, que las reuniones se notifiquen con antelación, que las reuniones sean accesibles al público y que el público pueda ver qué registros utiliza una comisión para realizar su trabajo. También exige que los miembros de una comisión no sean todos del mismo punto de vista.

“La idea de que uno puede simplemente decir: ‘Voy a dar a mis dos amigos ricos el poder de remodelar el Gobierno y pueden hacerlo en secreto’, no funciona así”, dijo Harry Sandick, otro abogado que demandó a la comisión de fraude electoral de Trump en nombre de un comisionado demócrata que dijo haber sido excluido del trabajo de la comisión.