Diversas Cámaras empresariales manifestaron su descontento debido a los múltiples bloqueos que se registraron a nivel nacional, los cuales fueron realizados por miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) ante el rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inscribir al binomio presidencial del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) exigió a las autoridades actuar de forma inmediata para liberar los puntos que fueron bloqueados y someter a los tribunales de justicia a quienes organizaron y promovieron las manifestaciones.

Se indicó que el bloqueo de los tramos carreteros afecta los derechos y garantías constitucionales de la población, alterando el orden público y el desarrollo del país.

CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) condenó “enérgicamente” los bloqueos, los cuales atentan contra los derechos como la libertad de locomoción, salud, industria, comercio y trabajo, que implican pérdidas económicas, afectando el desarrollo del país.

En ese sentido, rechazó que miembros del Codeca, así como simpatizantes de la agrupación política MLP, realicen estas acciones “ilegales” para ejercer presión sobre las autoridades de justicia y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se realice la inscripción del binomio presidencial.

“Es completamente inaceptable que miembros de una agrupación que cuenta con una cantidad importante de denuncias en el Ministerio Público por hurto y robo de fluidos, continúan transgrediendo la ley y obstaculicen un proceso electoral”, enfatizó el CIG.

CÁMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO- AMERICANA

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó su rechazo por los bloqueos, ya que implican pérdidas millonarias a los diferentes sectores productivos y emiten un mensaje negativo a la falta de estabilidad para el clima de negocios.

“Bloquear carreteras reduce el ingreso de quienes trabajan por el desarrollo nacional, e incluso afectan más los precios de los productos básicos, por ello instamos al diálogo y encontrar otras vías resolutivas”, expresó la directora ejecutiva de AmCham, Waleska Sterkel de Ortiz.

CACIF

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en un comunicado expresó que los bloqueos de importantes vías de comunicación en el país provocan caos, desabastecimiento de productos básicos y el encarecimiento de servicios.

“Lejos de mostrar una apertura al diálogo constructivo, solamente genera mayor confrontación y división en la opinión pública”, aseguró el CACIF. Además, enfatizó que las autoridades deben de tomar acciones en dos sentidos, primero la liberación inmediata de las rutas y evitar que sigan ocurriendo bloqueos.

TRANSPORTISTAS

La Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), por medio de un comunicado, manifestó su preocupación por los bloqueos, ya que no provocan ningún inconveniente al gobierno de turno pero si afectan a toda la población que se encuentra varada en distintas carreteras a nivel nacional.

Por lo anterior, se exigió al gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, que haga valer el derecho constitucional de la libertad de locomoción.

CSJ RECHAZA AMPARO DEL MLP

El pasado miércoles 15 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una solicitud de amparo que fue presentada por el MLP en contra del TSE, con el cual el partido político buscaba revertir la decisión de dejar fuera de las elecciones generales 2023 a su binomio, conformado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

La organización política acudió a la CSJ después de que el TSE rechazara un recurso de nulidad contra la decisión del Registro de Ciudadanos (RCE) del pasado 28 de enero, con el cual declaró como “improcedente” la solicitud para inscribir a Cabrera y Rodas como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.

Dicha resolución argumenta que Rodas, candidato a vicepresidente del MLP, presentó un finiquito, el cual tras una verificación se encontró que contenía “cargos jurídicos” y “denuncias”, por lo cual se decidió que constituye un impedimento para optar a cargos públicos.