Establecer una institucionalidad que trabaje por la población con discapacidad es parte de los esfuerzos de un proceso de diálogo, durante el cual se revisarán propuestas a favor de este sector, con la participación de entidades gubernamentales y sociedad civil. Se estima que en el país viven 1 millón 400 mil personas con la mencionada condición.

Sin embargo, no existe una estrategia integral que les dé soporte y acceso a los derechos, como a cualquier otro ciudadano. En ese sentido, en este diálogo, encabezado por la primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, se espera involucrar a los organismos Legislativo y Judicial para accionar en conjunto por oportunidades dignas para estos guatemaltecos.

La primera reunión se llevó a cabo ayer en el Palacio Nacional de la Cultura, donde hubo acuerdos como trabajar en áreas prioritarias: la discapacidad y la salud mental. Además, promover el enfoque de cuidado en las secretarías de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y de Bienestar Social (SBS), así como la calidad y cobertura de los programas ya existentes. Peinado explicó que se busca establecer bases colectivas para brindar un apoyo efectivo a este sector.

“Desde el Gobierno, estamos comprometidos en fortalecer la colaboración interinstitucional y en luchar junto a los guatemaltecos que viven con algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o temporal”, enfatizó.

La legisladora Brenda Mejía, de la bancada Semilla, aseguró que en el Congreso de la República impulsará una agenda que beneficie a esta comunidad, asegurándose de que se retomen iniciativas como la Ley de Atención a las Personas con Capacidades Diferentes (Ley 5125). Suzanne Duryea, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó: “Nos encontramos aquí como observadores para escuchar y comprender las necesidades, así como apoyar las acciones”.