Confirmando que la vergüenza no existe, que cualquier pantomima de oposición al dispendio era pura pose y que la eficiencia de gasto les vale poco a los diputados —aunque a la ciudadanía le cueste millardos perdidos en ocios, dispendios y clientelismos—, el Congreso de la República aprobó sin miramientos su presupuesto del 2025: todo un monumental y oneroso conflicto de intereses mediante el cual se autobeneficiaron de nuevo con el abusivo aumento del 2024, que nunca fue legitimado ni aceptado por la ciudadanía y que ahora incluyen de nueva cuenta como un supuesto beneficio adquirido. Pero lo único que deberían adquirir es un poco de pundonor, para no resultar tan jactanciosos, argumentando el adjetivo “técnico” para intentar disfrazar el bodrio presupuestario, altamente cuestionado, pero al cual no le corrigieron defectos torales.

En efecto, el autoaumento incluido en el plan de gasto Legislativo es una de las patas de este bolsón cuadrúpedo de conveniencias, dispendios y ambigüedades cuyo dictamen se oficializó a última hora y cuyos cambios intentó justificar el presidente de la Comisión de Finanzas con argumentos rimbombantes que no responden en absoluto a los señalamientos de sectores académicos, económicos y sociales formulados a lo largo de semanas.

La segunda pata de este adefesio es el súbito aumento al presupuesto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), para los cuales se habían previsto alrededor de Q4 mil 500 millones, según el proyecto de Finanzas. Sin embargo, a último momento, la propuesta dictaminada por la Comisión era de Q6 mil 200 millones, monto que denota el cortejo dinerario de los votos para la aprobación, que al cierre de este texto seguía su curso en el pleno.

Lo más absurdo es que hasta inicios de este mes la ejecución de obras de los Codedes solo era de Q3 mil 677 millones, de un total disponible de Q12 mil millones, que incluye los fondos sin uso arrastrados del 2024 al 2025, lo cual evidencia la incapacidad de municipalidades y gobernaciones para planificar y desarrollar obras largamente relegadas. Pero allí viene la tercera pata del oneroso esperpento, que fue prefabricada en septiembre pasado, a través del inicuo decreto 7-2025, que autorizó el traslado de los recursos sin ejecutar este año para el 2026: una evidente inconstitucionalidad que el presidente tardó más de un mes en vetar, pero de nada sirvió, pues un error en el veto fue aprovechado en el pleno para publicarlo y darle vigencia, con todo y posterior aval de la Corte de Constitucionalidad. Así que, en total, el botín codedero amañado y politiquero podría superar los Q13 mil millones.

La cuarta pata de esta voraz mantícora es el brutal endeudamiento que se prevé adquirir el año siguiente: más de Q30 mil millones que se sumarían a los Q243 mil millones de deuda pública. Fue unánime el clamor de sectores productivos para que se redujera la pretensión de adquirir nuevos créditos, pero ni Ejecutivo ni Legislativo mostraron la menor intención de reducirlo, bajo el manido pretexto de que el estatus crediticio del país está en niveles “seguros”.

Es necesario recordar cuando el presidente Arévalo, el ministro de Finanzas y otros integrantes de su suspendida bancada se oponían a similares presupuestos inflados. Lo peor de todo es que también prosiguen la inercia de destinar tales adeudos para funcionamiento y no a inversión en infraestructura y desarrollo. Solo falta ver si, con nocturnidad, el pleno le agrega una o más extremidades al engendro presupuestario superior a los Q160 millardos.