Un buen combo de diputados y alcaldes ha demostrado con sus acciones, con sus consignas, con sus chantajes y con sus amenazas una cerrada fidelidad al nefando clientelismo. Desde aquellos primeros intentos de elevar a Q200 mil el monto de las compras directas —sin licitación—, para fragmentarlas con mayor maña y facilidad, hasta la insistencia en amontonar un botín de gasto muy superior a lo que pueden ejecutar de manera responsable. Basta ver la ejecución del bolsón de arrastre autorizado en el 2024: una completa muestra de incapacidad de planificación, gestión y gasto bajo cánones de probidad.

El veto presidencial del adefesio 7-2025 —no decreto, a causa de sus desvaríos, ambigüedades y leguleyadas— era una solicitud unánime de sectores empresariales, jurídicos, académicos e instituciones de análisis. Quizá sea la falta de estudios superiores lo que limite la comprensión de las causalidades inconstitucionales de dicha disposición aprobada por 108 diputados, entre quienes se cuentan algunos de gran experiencia y otros, verdaderas lumbreras que bailan al son de las conveniencias, sin fidelidad alguna al juramento que hicieron el 14 de enero de 2024: solo fue un trámite, no un compromiso legal ni ético.

Es irrisorio el retruécano con el cual el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, afirmó respetar la decisión del veto pero que está en desacuerdo con los argumentos, al comparar el 7-2025 con una iniciativa previa, parecida, pero hecha por el propio Ejecutivo y que el Congreso no avaló. Dice el edil: “más de 300 alcaldes respaldamos a los diputados que aprobaron el decreto con 108 votos”, y los anima a revertir el veto. ¿Entonces, respeta o no respeta? Pero el argumento termina de caerse por sí solo.

Más adelante dice que el objetivo del bolsón multimillonario era para “eliminar el chantaje político para condicionar apoyos y votos en el Congreso para las obras de los Consejos de Desarrollo”: entonces, según este encendido discurso ¿el Congreso está del lado de los alcaldes o no? Porque si en este organismo se aprobara un presupuesto a conciencia, con trabajo técnico y criterios de desarrollo integral, sostenido y con visión de Nación, no habría necesidad de ningún arrastre de recursos.

Y si las alcaldías contrataran las obras con transparencia, con la debida supervisión y bajo términos claros de avance requeridos para obtener pagos, no tendrían tantos proyectos varados —a menudo, con enormes avances de pago—, pues en cada presupuesto caminaría el monto correspondiente a la planificación.

Si los diputados se empecinan en hacer avanzar el 7-2025 sin corregir ni agregar mecanismos de transparencia, le estarán dando la espalda a la probidad que tanto dicen fiscalizar. De alguna forma se ha querido vender —y a un costo muy caro— la idea de que el “municipalismo” es que se imponga una yuxtaposición de exigencias como un chantaje político, muy al estilo del discurso virulento, pero vacío, del jovielismo, solo que en este caso es puro y tóxico clientelismo.

El Congreso no puede ni debe inventar decretos que atropellan normativas vigentes y preeminentes. Los alcaldes fueron electos para su municipio, no para coaligarse en favor de agendas regionales de dispendio. Incluso desde una ética pragmática, el ambicionado bolsón de gasto podría aparentar un intento de “hacer más obra en más lugares”, pero a la larga es inaceptable porque sale más caro, pervierte la institucionalidad edil, crea codependencias politiqueras, y a eso sí habría que darle la espalda para siempre en Guatemala.