Desde que Guatemala retomó la vida democrática en los años 80, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido una pieza clave para que los resultados electorales se respeten. Su legitimidad no descansa únicamente en los magistrados, sino en un modelo que ha resistido el paso del tiempo. Miles de ciudadanos voluntarios participan en una estructura piramidal que va desde las juntas electorales departamentales y municipales hasta las juntas receptoras de votos. Ese engranaje ha permitido sostener procesos electorales incluso en momentos de fuerte tensión política.

Por ello, la elección de los magistrados del TSE no puede ser un trámite administrativo ni un reparto entre actores políticos. Es una decisión de país. La ley establece un procedimiento con etapas y plazos definidos, pensado para distribuir responsabilidades y evitar que el poder se concentre en un solo actor.

El proceso ya se inició a finales de este año previamente a la toma de posesión, cuando el Congreso convocó a las universidades y al Colegio de Abogados para integrar la Comisión de Postulación. Entre diciembre y enero se conforma dicha comisión. Durante enero y febrero se recibirán y depurarán los expedientes de quienes aspiran al cargo y cumplen los requisitos legales. La solidez de esta etapa resulta determinante para asegurar perfiles con solvencia técnica y ética. A más tardar a finales de febrero o inicios de marzo, la Comisión trasladará al Congreso una nómina de 20 candidatos. De esa lista, en marzo, los diputados elegirán a cinco magistrados titulares y cinco suplentes con el respaldo de dos tercios del pleno, es decir, 107 votos. Los magistrados electos tomarán posesión del cargo el 20 de marzo por un período de seis años.

En Guatemala, el día de elecciones se decide casi todo. Se eligen alcaldes, diputados y a quienes competirán en la segunda vuelta presidencial si nadie alcanza la mitad más uno de los votos, además de los representantes al Parlamento Centroamericano. Mientras alcaldes y diputados recorren comunidades y municipios durante meses, las últimas elecciones han dejado presidentes con debilidad política frente a un Congreso con gran peso propio, lo que complica la gobernabilidad. Este diseño electoral exige un árbitro sólido y creíble. Cuando la autoridad electoral falla, no solo se cuestiona un resultado, sino la capacidad del sistema para procesar la competencia política sin fallas. Por eso, el perfil de quienes integran el TSE importa tanto como las reglas que deben aplicar.

El tribunal actual enfrentó cuestionamientos relevantes. Cuatro de los cinco magistrados titulares fueron vinculados a proceso penal por el Ministerio Público, en investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) utilizado en 2023. Aunque los casos siguen su curso, estas investigaciones golpearon la confianza ciudadana en una institución que debería estar fuera de toda duda.

Las críticas no se limitaron a ese episodio. También se señalaron compras poco transparentes, un sistema costoso que generó desconfianza y decisiones polémicas sobre la inscripción de candidaturas, incluido el rechazo de algunas, pese a cumplir los requisitos legales. Además, algunos partidos usaron recursos públicos para la campaña sin penalización. La acumulación de estos errores tensó el proceso electoral y debilitó la confianza en momentos clave.

El Congreso debe elegir a los integrantes del TSE con visión de país para proteger una institución clave rumbo a 2027. Su independencia es crucial para que se respete el voto ciudadano y no terminemos como Nicaragua, Venezuela, Honduras y otros países de la región. Mientras haya elecciones creíbles, Guatemala tendrá una vía pacífica para renovar el poder.