La Comisión de Asuntos Electorales emitió dictamen favorable a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entre las reformas destacadas está la regulación de multas a partidos políticos y un aumento de 1 a 3 dólares por cada voto que reciban las organizaciones políticas.

La Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) y la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso presentaron el dictamen final de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos el pasado 11 de diciembre. Aunque inicialmente las discusiones incluyeron propuestas ciudadanas en reuniones abiertas, las últimas sesiones se llevaron a cabo de forma privada y discreta.

El dictamen, que obtuvo un resultado favorable, incorpora temas controversiales. Uno de los más relevantes es la reforma al artículo 39, que establece que cualquier persona condenada por un delito deberá esperar cinco años para optar a cargos de elección popular.

El diputado Inés Castillo, miembro de la comisión, explicó que esta disposición fue resultado del análisis y consenso alcanzado en la sala de trabajo.

La falta de transparencia en las últimas etapas del proceso ha generado dudas sobre la discusión de estas reformas, que podrían impactar significativamente el sistema electoral.

Castillo añade que entre otras reformas, está la regulación de multas a partidos políticos, por temas de financiamiento electoral ilícito o no registro, pero también un aumento de 1 a 3 dólares por cada voto que el Estado paga a las organizaciones políticas.

Pero un punto que genera contradicción con el tema de las multas, es que el dictamen presentado incluye un polémico inciso que permitiría aportes anónimos al TSE, es decir que no necesariamente deben ser registrados, como lo establece la actual normativa para saber de donde proviene el financiamiento de los partidos.

Lo que queda pendiente ahora, es que el Congreso de la República comience con su discusión por tres lecturas o en caso que los diputados lo consideren necesario, también podría conocerse de urgencia nacional, algo que seguramente será discutido en 2025, según mencionó el diputado Inés Castillo.

Además, es importante mencionar que por tratarse de una normativa de rango constitucional y que involucra a agrupaciones políticas, también deberá contar con el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad.

Por Bryan Choy