El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas Andrade, tras la aprobación del decreto 18-2022, Ley para la protección de la vida y la familia, recomienda al Estado de Guatemala que sea dejado sin efecto.

Esto porque “contraviene lo establecido en leyes nacionales y convenciones internacionales aceptados y ratificados por el Estado.”

Dejar sin efecto la ley

Rodas Andrade expresó su preocupación por la aprobación del decreto 18-2022, el cual, según su criterio, “es una grave regresión de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual”.

Asimismo, comenta que con este decreto, dado el alarmante índice de embarazos en niñas menores de 14 años, se pone en riesgo su salud, cuando el Estado está obligado a garantizar servicios de salud a las niñas, adolescentes y mujeres, especialmente a las víctimas de violencia sexual.

Por lo anterior, el PDH recomienda lo siguiente:

• “Al Congreso y al presidente Giammattei, dejar sin efecto el decreto 18-2022 porque contraviene lo establecido en leyes y convenciones internacionales aprobadas por el Estado.”
• “Priorizar la atención en salud de las mujeres asegurando la implementación de políticas públicas enfocadas en servicios de salud de calidad y pertinentes.”

#ComunicadoPDH | El @PDHgt@JordanRodas ante la aprobación del decreto 18-2022, recomienda al Estado de Guatemala dejarlo sin efecto porque contraviene lo establecido en leyes nacionales y convenciones internacionales aceptados y ratificados por el Estado pic.twitter.com/nhkBMqdYSV

— PDH Guatemala (@PDHgt) March 10, 2022

AFI también se pronuncia

Por su parte, la Asociación la Familia Importa también emitió un pronunciamiento al respecto de la aprobación de dicha ley.

La organización solicita al presidente Alejandro Giammattei que en adecuado uso del derecho de veto, “realice un exhaustivo análisis técnico-jurídico del contenido del decreto 18-2022, de tal forma que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos.”

“Sea por razón de su contenido o de la ambigüedad o falta de precisión en su interpretación y posible aplicación”, indica.

AFI pide a Giammattei que no sancione la “Ley para la protección de la vida y la familia”