Varias organizaciones expresaron su preocupación por el contenido del Decreto 30-2022, aprobado ayer por el Congreso de la República, el cual modifica las normas complementarias para la ejecución presupuestaria.

Por medio de un comunicado, expresaron que con su entrada en vigencia se agudizarán los riesgos de corrupción y abuso en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

En ese sentido, pidieron al presidente Alejandro Giammattei que vete la referida normativa, ya que podría dar lugar a que se retome la práctica de retrasar intencionalmente la ejecución de obras para malversar los recursos no ejecutados.

“Incluyendo invertirlos a plazo fijo y obtener rendimientos financieros ilícitos”, resaltaron.

Entre las entidades firmantes se encuentran: Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional; el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Justicia Ya.