Organizaciones internacionales emitieron este jueves un pronunciamiento con relación a la situación que se vive en Guatemala y rechazaron lo que calificaron como ataques y criminalización contra el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

El togado enfrenta un proceso de retiro del derecho de antejuicio al cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, le dio trámite la semana pasada. La denuncia en su contra fue planteada por la Fundación contra el Terrorismo.

Las agrupaciones expresaron su rechazo ante lo ocurrido, pues consideraron que se pone en riesgo la independencia judicial de Gálvez.

Además, afirmaron que la denuncia se suma a una serie de ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales emprendidas contra operadores de justicia en Guatemala que buscan remover de la judicatura a los profesionales.

“Con estos actos se atenta contra la democracia y la justicia, perpetuando un sistema de impunidad estructural en perjuicio del frágil estado de derecho en Guatemala, cuya defensa recae sobre jueces y juezas independientes”, destacaron.

También consideraron que es extremadamente grave el uso indebido del derecho penal como estrategia de persecución contra un juez que ha dedicado su vida a la carrera judicial y, en su opinión, ha demostrado su vocación democrática, probidad y reconocida honorabilidad.

#EUNacionales La Fundación Contra el Terrorismo de Guatemala es la interponente de la acción legal. "Lo prometido es deuda", dijo Raúl Falla Ovalle, abogado de la organización.https://t.co/16LLhzYTkR

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 16, 2022

Piden respetar independencia judicial

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento, entre ellas Wola e Impunity Watch, hicieron un llamado a la CSJ de Guatemala para que se respete la independencia judicial garantizada en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“También exhortamos a la comunidad internacional para que siga de cerca los procesos de criminalización emprendidos contra jueces y juezas que debilitan el sistema judicial en el país”, expusieron.

Y urgieron a que, en el marco de los espacios e iniciativas de cooperación que integran o lideran, se dé el rechazo a la criminalización contra operadores y operadoras de justicia.