Organizaciones de derechos humanos expusieron en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Guatemala existe una alianza político-económica criminal que se ha perpetuado en el poder para generar impunidad mediante acciones fraudulentas.

Como ejemplo de estas supuestas irregularidades mencionaron las elecciones de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público (MP).

Entre las entidades que presentaron la situación del país s e encuentran la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) y la Convergencia por los Derechos Humanos.

Iduvina Hernández, representante de esta última, explicó que también se mencionó que ha habido persecución y criminalización en contra de jueces y fiscales del MP, entre ellos, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez; la ex jefa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango, Virginia Laparra; y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

De igual forma señalaron que han surgido denuncias espurias contra la exfiscal general de la república, Claudia Paz y Paz, entre otras acciones como los señalamientos que circulan en redes sociales contra defensores de derechos humanos.