¿Quién quería callar a Solórzano Foppa?

El sábado 17 de octubre, al menos dos tiradores le dispararon a la cabeza a Juan Francisco Solórzano Foppa en una cancha del Campo Marte. Con él murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, que trató de ayudarlo. Quince minutos después, la Policía Nacional Civil (PNC) ya presentaba a dos supuestos “sicarios”. Al día siguiente, un juez los dejó libres por falta de mérito. ¿Qué hay detrás de estos hechos?

¿Quién quería callarlo? Candidatos no faltan. Solórzano Foppa dirigió Análisis Criminal en el Ministerio Público (MP) e investigó a la pandilla Barrio 18. Entre 2016 y 2018 fue jefe de la SAT e implementó una campaña de terrorismo fiscal. En redes denunciaba con nombres y apellidos. En los últimos años señaló vínculos entre el Barrio 18 y la UNE, y además criticó a las autoridades de seguridad del gobierno. ¿Lo mataron por lo que hizo como funcionario, por sus casos o por lo que publicaba? El abogado Omar Barrios, en una entrevista con Libertópolis, dio otra respuesta: “Lo mataron por lo que sabía y alguien no quería que lo contara”.

La escena también habla. El Campo Marte es un espacio público rodeado de instalaciones militares. Solórzano Foppa publicó un video en TikTok donde contaba que llevaba 15 años jugando ahí cada sábado. Un supuesto testigo contó que desde temprano rondaban las canchas unos desconocidos con camisolas del Barsa, y Gobernación recibió una llamada al 110 con esa descripción. ¿Y los escoltas? Según el ministro Marco Antonio Villeda, el propio Solórzano Foppa les pidió que se quedaran con su hijo mientras él dirigía al equipo.¿Realmente no tuvieron tiempo de reaccionar o no quisieron hacerlo? En cuanto a los asesinos, ¿escogieron el lugar porque era el único donde estaban seguros de encontrarlo? ¿O querían demostrar que pueden matar a plena luz del día, frente a cientos de personas, en las narices del Ejército y salir impunes?

Vuelvo a los detenidos. Rigoberto y Daniel Choc Toz eran repartidores de Senahú. La PNC dijo que llevaban una carabina en la caja de reparto. Rigoberto denunció que los agentes se la metieron en la mochila y él mismo pidió que se revisaran las cámaras. El MP pidió la falta de mérito y hoy supuestamente se investiga a varios policías. El problema no es solo que implantaran un arma contra inocentes (que debería ser un escándalo mayor), sino que mientras todos miraban a los Choc Toz, los asesinos tuvieron las horas críticas para esfumarse. Esa es una estrategia usual para distraer la atención en lo que los verdaderos criminales desaparecen.

Si el crimen queda impune, quienes opinamos en medios y redes sabremos a qué atenernos: denunciar con nombres puede costar la vida, aun con escolta del gobierno. La autocensura no necesita leyes. Le basta un precedente. Y quizá el mensaje no era solo para nosotros. ¿Era para otros que saben lo mismo que él? ¿Para fiscales y jueces con expedientes abiertos? Si el caso se resuelve a medias, el efecto será parecido, porque quien pagó seguirá libre para volver a pagar.

La única tarea real del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad contra ataques violentos. Es su razón de ser. Si no pudo proteger a un exfiscal con escolta, o peor aún, si fue cómplice o incluso autor intelectual, ¿qué nos queda a los demás? Si el gobierno quiere quitarse de encima la sospecha, tiene que llegar a los autores intelectuales. Si no, cargará siempre con la duda de haber sido, por lo menos, cómplice.

Omar Barrios va más lejos. Para él, detrás están los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs), redes nacidas en el conflicto armado que sobrevivieron a los acuerdos de paz y a la Cicig (que, aunque eran su supuesto objetivo, no hizo absolutamente nada contra ellos). Advierte que, si no se les frena pronto, después serán imparables. Si así son los inicios, ¿qué nos depara este año electoral?