En medio de polémicas y consensos a última hora, el Pleno del Congreso aprobó la nueva Ley de la Policía Nacional Civil, la cual establece nuevas disposiciones de defensa personal, pero también algunos artículos que han causado desacuerdos.

Con 115 votos a favor, el Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 35-2024, que establece un nuevo marco normativo para la Policía Nacional Civil .

El principal impulsor de la iniciativa fue el presidente del Congreso, Nery Ramos, exdirector de la PNC, quien defendió la propuesta argumentando que busca fortalecer el desempeño de los agentes y no responde a intereses políticos.

Sin embargo, la normativa generó críticas entre varios diputados, quienes cuestionaron la insistencia de Ramos para su aprobación. Además, ya se han anunciado acciones legales para impedir que la ley entre en vigencia.

Ramos, por su parte, se mostró satisfecho con el resultado y aseguró que la ley representa un avance significativo para el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Uno de los temas polémicos contenidos en la nueva ley es la potestad que se brinda a los elementos policiales de realizar labores de investigación, tanto por iniciativa propia como por denuncia o a requerimiento del Ministerio Público, lo cual algunos diputados opinan que esto contraviene el trabajo que realiza el ente investigador.

Otro punto que generó rechazo fue el aval para que los agentes activen su arma contra presuntos delincuentes, ya que algunos parlamentarios ven un riesgo de que esa autorización sea aprovechada por malos elementos para cometer actos ilícitos.

Y los últimos puntos son los que indica que ningún miembro de la Policía podría ser detenido por disparar en defensa de la vida, integridad de las personas o sus bienes, aunque el supuesto malhechor resultara herido o muerto.

Y finalmente, una enmienda que otorga la potestad al Presidente de la República, que pueda dar órdenes directas a la Policía Nacional Civil sobre las acciones que puedan o no llevar a cabo.

Mientras tanto, el diputado Allan Rodríguez del bloque VAMOS, asegura que se interpondrán acciones legales en contra de la Ley de la Policía Nacional Civil, en virtud que no se siguieron los procedimientos legislativos adecuados, explicó.

De quedar vigente el Decreto 35-2024, los efectivos también gozarían de múltiples beneficios económicos, como un bono anual cuyo monto deberán definir las autoridades e incrementos salariales cada dos años.

Tales aumentos irán desde 4% al 8%, según el rango del personal. Quienes tendrían el alza más significativa serían los oficiales subalternos y los oficiales superiores, así como el personal en escala de Dirección.

Además, cada policía tendría un seguro de vida que no podría ser menor de Q100 mil y se les tendría que incluir en programas de vivienda vigentes en diferentes entidades del Estado.

Aparte, gozarían de 30 días de vacaciones al año y sus familiares, incluido cónyuge, hijos y padres, tendrían derecho a atención médica sin costo, por mencionar algunos beneficios.