Uno no sabe si llorar, reírse o indignarse al saber de la aprobación del reglamento del transporte extraurbano, entre la dirección General de Transportes y la gremial respectiva. Podrán integrarse unos diez mil autobuses de 25 años o más, actualmente sin autorización de circular porque carecen de licencia. Nada se dice de exigir documentos, edad y capacidad a los choferes, y se permite circular a 80 km por hora (22 metros por segundo o 1.3 km por minuto). Todo eso, más el mal estado de las carreteras, deja igual la mortalidad actual, y de hecho la aumenta al crecer el número de autobuses.

La SAT se encarga de lo relacionado al servicio, pero el Ministerio de Comunicaciones decide si se renueva el permiso. La Dirección General de Transporte sólo analiza, sin relacionarse con los conductores, la velocidad y ebriedad. La edad de los vehículos no es un factor necesariamente mortal si el mantenimiento es adecuado: llantas, frenos, luces. No se mencionan cursos para los conductores e información sobre la velocidad alta como factor para frenar. Es indudable la necesidad de agregar a los conductores de automóviles privados, cuya alta velocidad mata y causa lesiones.

El autobús más viejo fue registrado en 1974 (51 años de servicio), y el más nuevo, en 2024. Si se calcula un promedio de 15 años y 250 km diarios, son 3 mil diarios, o un millón al año. El sobrepeso de pasajeros (o carga) reduce la vida de llantas, frenos, y en general, del motor. Los horarios obligatorios de llegada al lugar de destino, son imposibles por los atascos. Nadie puede acusar a la totalidad de propietarios a forzar sus unidades ni a obligar a horas extras a los conductores, pero la realidad es clara y desde otra perspectiva, sorprende no registrar cantidades más elevadas.

Otra vez, se habla de emitir certificados “en los próximos días”, sin decir cuántos: ¿semanas, meses, o más? Los hechos señalados demuestran la inutilidad real de las “mesas de diálogo”. Se han vuelto sinónimo de inutilidad, pérdida de tiempo y decisiones equivocadas, malintencionadas o contraproducentes. La creación de entidades burocráticas solo atrasa los trámites. Al transporte terrestre debe agregarse un creciente peligro: el de las motocicletas, ya sea de poco cilindraje para uso de trabajo o de enormes motores para entretenimiento irresponsables las primeras ocurren en el tráfico, con movimientos inesperados, bruscos y veloces.

El otro grupo son irresponsables carreras casi siempre nocturnas o dominicales con motos muy caras y enormes motores de alta cilindrada, mayor potencia y velocidad, e innecesarias a causa del estado de las calles. Se les ve circular en grupos, con cascos caros, como lo son los trajes, botas y guantes de cuero. Es un “deporte” según sus practicantes, pero en realidad una amenaza social. Un problema conjunto radica en la escasa información sobre choques de este tipo, los cuales no son accidentes sino resultado directo de la irresponsabilidad. Según la torcida lógica de muchos ciudadanos, corren porque su motor está hecho para eso.

Al ser un problema tan serio, la solución debe abarcar todos sus aspectos, incluyendo el estado de las calles y carreteras, colateral a los riesgos mencionados. Allí entran el Micivi y las alcaldías, además de los planes a inmediato, corto y largo plazo, todos de inicio urgente y preparados para reducir al máximo posible el tiempo de realizarlos. De seguir así, Guatemala será una ciudad colapsada a toda hora. Ver exclusivamente un aspecto del panorama, es inútil e irresponsable. Ya el viaje a La Antigua puede durar tres horas, con sus apenas 44 km de largo. La solución para todo el país lleva un atraso de por lo menos veinte años.