Durante la mañana del lunes 10 de noviembre, un jurado declaró a la Oficina del Alguacil del condado de Suffolk, en Nueva York, como “financieramente responsable” de haber violado los derechos de casi 700 migrantes que fueron detenidos ilegalmente a petición del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la decisión del jurado fue unánime, por lo que se otorgó a los 674 inmigrantes que demandaron a las autoridades migratorias la suma de US$112 millones. Dadas las circunstancias, a cada migrante le corresponden aproximadamente US$166 mil 172 (Q1 millón 273 mil 211).

Esta demanda conjunta fue presentada en diciembre del 2017, once meses después del inicio del primer mandato presidencial del magnate neoyorquino Donald Trump, durante el cual se empezaron a implementar numerosas medidas para combatir la inmigración ilegal, principalmente contra los latinos que ingresaban a través de México.

Conforme a lo expuesto por Univisión, la demanda conjunta de los inmigrantes se basaba en que la Oficina del Alguacil del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, los mantuvo en cárceles locales incluso después de haber pagado sus respectivas fianzas, por lo que esta acción fue catalogada por el jurado como una “retención ilegal”.

¿Nuevos problemas para el ICE?

Ante esta situación, el abogado estadounidense José Pérez, de la Coalición Latina de Justicia, aseguró que esta decisión del jurado en Suffolk, Nueva York, trae consigo una responsabilidad que se esperaba desde hace mucho tiempo, específicamente desde hace ocho años, por lo que podría marcar un antes y un después en la lucha contra ICE.

“El jurado confirmó lo que hemos defendido desde el principio: que las acciones del condado de Suffolk vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso garantizados por la Enmienda número 14 de la Constitución estadounidense, la cual debe garantizar la igualdad de protección ante la ley”, agregó el abogado José Pérez.

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“Considero que el veredicto de hoy ha hecho justicia y el valor de nuestros clientes garantiza que, con suerte, este tipo de abusos no se repitan”, añadió el colegiado, quien considera que las nuevas medidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, implementadas en el segundo mandato de Trump, son muy injustas y hasta excesivas.

A causa de que el fallo también respondió al hecho de que el condado de Suffolk violó los derechos al debido proceso de los demandantes, miles de inmigrantes en Estados Unidos podrían optar a presentar demandas parecidas, ya que, a lo largo de estos primeros meses del segundo mandato de Donald Trump, se han registrado casos similares.

El veredicto del jurado, que deliberó durante una semana, determinó que el condado de Suffolk colaboró directamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por lo que ambos violaron la Enmienda número 14 de la Constitución estadounidense y deberán indemnizar a todos los miembros incluidos en esta demanda colectiva.

Frente a este escenario, aunque los demandantes tuvieron que esperar casi ocho años para que se hiciera justicia, este caso demuestra que los abusos por parte del ICE, denunciados en los últimos once meses, podrían ser castigados en el futuro, debido a que miles de inmigrantes han sido víctimas y sus derechos civiles han sido violados.