El sábado 15, circulaba la noticia del accidente automovilístico del diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, durante la madruga en Sacatepéquez. Todo ese día fue tema en redes sociales, así como lo fue domingo, lunes y martes.

El lunes 17, el gobierno publicó en el Diario de Centroamérica que establecían el seguro obligatorio para motocicletas, vehículos particulares y transporte de personas y carga. Otorgaron un plazo de 45 días con el objetivo de reducir accidentes de tránsito que causan muchas muertes diarias en el país.

El martes 18, iniciaron bloqueos en la Ciudad de Guatemala y en algunos lugares del interior del país como protesta al anuncio del gobierno de la implementación del artículo 29 (seguro obligatorio contra terceros) de la Ley de Tránsito (decreto 132-96). El miércoles 19 siguieron los bloqueos, pero a la vez el gobierno anunció una mesa de diálogo con los líderes del bloqueo, para que se dejara la circulación libre a la ciudadanía. Esa noche, el presidente, Bernardo Arévalo, anunció que se habían acordado tres puntos: 1) Establecimiento de mesa técnica de trabajo para revisar la Ley de Tránsito; 2) elaborar una propuesta de iniciativa de ley general de transporte, debido a que el marco legal vigente está desactualizado; y 3) derogar los acuerdos 46, 47, 48 y 49-2025, en tanto se lleguen a nuevos consensos. Esos acuerdos consiguieron que se quitaran los bloqueos ilegales en la ciudad capital y en el interior.

Por otro lado, pero en esos mismos días, el gobierno solicitó, mediante el acuerdo gubernativo 45-2025, otra ampliación presupuestaria. En esta ocasión, la ampliación solicitada al Congreso fue por casi Q118 millones. Se dice mucho que lo del jueves 20, seguramente, fue una cortina de humo a la publicación del lunes, y que los bloqueos del martes y miércoles fueron para quitar de la atención del público el accidente del sábado y también para que no se notara dicha ampliación presupuestaria.

Desconozco la razón de la publicación de los acuerdos gubernativos el lunes 18, quiénes fueron los reclutadores de las personas que bloquearon y el mecanismo de pago a los mismos, como suele suceder, y con quiénes dialogó el gobierno el miércoles para que quitaran los bloqueos.

Es sumamente importante hacer el seguimiento en el Congreso del aumento desmedido a los diputados, la realidad y consecuencias del accidente del diputado de Semilla, el manejo de la ampliación presupuestaria y el incremento a la deuda pública. También es importante llegar a conocer el motivo de fecha de publicación por el gobierno, sin haber tenido discusiones con las empresas que se dedican a seguros y sin tener ese diálogo de implementación en fases, para que sea mejor entendido y aceptado por la mayoría.

Los bloqueos, que son tan ilegales como los del Octubre Negro y como los que, durante muchos años, realizan en el interior grupos desestabilizadores, han atentado contra la vida de muchas personas, la salud de otras y la educación de muchos. Atentan contra la economía de cada individuo y la de los emprendedores y de las empresas. Ya basta con bloqueos ilegales. Quienes quieran manifestar contra algo, por ejemplo, la falta de mantenimiento a la infraestructura vial, que lo haga como la ley lo permite y no afectando a miles de conciudadanos.

¿Quiénes perdieron la semana pasada con los bloqueos en la capital y en el interior? Todos los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones del día a día, la economía del país, el Gobierno de la República y los afectados en accidentes que no tienen seguro que los cubra. ¿Quiénes ganaron? Los aprovechados que cobran por hacer esos bloqueos y los autores intelectuales de los bloqueos.