El Estado no produce recursos, pero todos los ciudadanos le aportan ingresos para que genere condiciones fundamentales como brindar seguridad pública, servicios de educación y salud, ejecución de infraestructura y, en general, el servicio público. Para eso es el marco democrático, el Estado de derecho y el ordenamiento constitucional e institucional. Por lo tanto, no es para que los funcionarios o políticos de turno en cargos de elección se crean o se sientan dueños monopólicos de potestades que en realidad pertenecen al Pueblo de Guatemala. De ahí que en distintas entidades del Estado existan directivas colegiadas con la participación de varios sectores, incluyendo al empresariado organizado.

De no ser por atávicas rémoras burocráticas y politiqueras, incluyendo amaños clientelistas o burdas negligencias, las ejecutorias estatales deberían estar marcadas por prioridades de nación y criterios de bien común. Obvios anquilosamientos —algunos demasiado prolongados y que comprometen la competitividad del país— dieron origen a la figura de alianzas público privadas (Lapp), como una vía para acelerar determinados proyectos prioritarios. La reciente aprobación de la Ley de Infraestructura Prioritaria refuerza esta urgencia y subraya la relativa disfuncionalidad de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura, que ya cumplió 15 años sin mucho que celebrar.

En esa línea, se planteó y consensuó una iniciativa de reformas a la mencionada norma, para modernizar y agilizar su función. Pero lo que inició como una votación de artículos, el martes 18, tropezó con la moción de una facción disidente del oficialismo, que buscaba remover al sector privado organizado del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie).

La propuesta inicial de la Comisión de Economía ya planteaba una reducción del Conadie, de ocho a cinco miembros, aunque mantenía la participación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. La propuesta de la bancada denominada Raíces —surgida de la escisión de Semilla y encabezada por el diputado Samuel Pérez— era eliminar al Cacif, pero recibió 40 votos a favor y 85 en contra.

¿Puede haber un ente de alianzas público privadas sin participación del sector privado? es una de las preguntas resultantes, pero también ¿qué ocurrirá con previos consensos legislativos logrados con un oficialismo que ahora exhibe su cisma? Ciertamente, desde hace semanas se han empezado a perfilar otras divisiones de bancadas, de cara a los siguientes comicios, pero al parecer comen demasiadas ansias y en algunos casos se exacerban tendencias estatistas totalmente desfasadas.

Las alianzas público-privadas, por su naturaleza, requieren de un equilibrio entre capacidades estatales, supervisión democrática y el conocimiento de campo, así como de las estrategias competitivas del sector productivo. Eliminar esta participación de forma inconsulta solo exhibe miopía, pues la gobernanza necesita inclusión y una visión integradora, participativa y multisectorial. Por aparte, la maniobra legislativa de presentar enmiendas sin consenso sobre un aspecto toral no solo interrumpe el debate, sino evidencia la falta de criterio claro del rumbo de la política de alianzas. Es imposible trazar y concretar prioridades de infraestructura estratégica sin respeto a los consensos. Los diagnósticos ya existen y las necesidades viales ya esperaron demasiado como para permitir sabotajes maniqueos.