El arranque del año trae consigo una serie de procesos institucionales que definirán el futuro de Guatemala. La selección de magistrados, la designación del contralor de Cuentas públicas, la elección del fiscal general y la presidencia del Banco de Guatemala son decisiones que, aunque suenen lejanas para muchos, tienen el poder de marcar la vida de todos los ciudadanos guatemaltecos.

En los próximos meses, se renovarán o confirmarán puestos fundamentales en la estructura del Estado. Los magistrados, encargados de impartir justicia electoral y constitucional; el contralor, responsable de vigilar el uso de los recursos públicos; el fiscal general, encargado de perseguir el delito; y el presidente del Banco de Guatemala, quien guía la política monetaria, estarán en el centro del debate y la pugna política.

Cada uno de estos cargos influye en la vida cotidiana: desde la confianza en la justicia, pasando por el correcto uso de los impuestos, hasta la estabilidad de los precios y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, existe una gran asimetría en la manera en que estos procesos afectan a la población. Para la mayoría de los guatemaltecos, el impacto de estos nombramientos no es fácil de medir. Las consecuencias no siempre se ven de inmediato y, en muchos casos, pasan desapercibidas en medio de las preocupaciones diarias.

En contraste, un pequeño grupo —compuesto por actores con intereses legales y también ilegales— sí tiene mucho en juego. Para ellos, la designación de sus candidatos puede significar ganancias millonarias, control de decisiones judiciales, acceso privilegiado a recursos públicos o la garantía de impunidad.

Durante estos procesos, la presión y el lobby aumentan. Sectores de toda índole, e incluso las redes de corrupción y grupos vinculados a actividades ilícitas, buscan influir en las decisiones. Mientras unos aspiran a fortalecer el Estado de derecho, otros solo desean asegurarse favores, bloqueos de investigaciones o el manejo opaco de fondos.

Este pulso silencioso pocas veces se discute abiertamente, pero sus efectos terminan definiendo si Guatemala avanza hacia la transparencia y el desarrollo, o si, por el contrario, se profundizan la corrupción y la impunidad.

La peor respuesta ante este panorama sería la indiferencia. Aunque para la mayoría parezca que “nada cambia”, la realidad es que cada decisión tomada en estos procesos puede traducirse en mejores oportunidades, servicios públicos de calidad, justicia efectiva y estabilidad económica, o exactamente lo contrario.

El llamado es claro: la ciudadanía no puede darse el lujo de permanecer apática. Seguir de cerca estos procesos, exigir transparencia y rendición de cuentas, y alzar la voz cuando sea necesario, son pasos esenciales para evitar que unos pocos decidan el destino de todos.

Guatemala enfrenta un año crucial en el que los procesos de selección y designación institucional trazarán el camino de la próxima década. La asimetría de intereses es real, y el riesgo de perder oportunidades colectivas por la acción de grupos con agendas propias está latente. Solo una ciudadanía informada, exigente y participativa podrá inclinar la balanza hacia un país más justo y próspero. El futuro de Guatemala sigue dependiendo de lo que cada ciudadano exigía de cada postulador, de cada elector, de cada órgano que designe a los funcionarios que debieran velar por algunos de los elementos más fundamentales del Estado.