La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.

El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció una investigación contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.

De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y “en reciprocidad” Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.

Velásquez “demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, tuiteó el mandatario colombiano.

En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como “un error de guerrillero” la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.

Pronunciamiento de Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó “una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, según su portavoz, Farhan Haq.

“Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados”, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.