La Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó cuatro nuevas salas de apelaciones bajo la justificación de “contribuir con la agilización de procesos judiciales y reducir la mora derivada del incremento de expedientes”. Sin embargo, analistas advierten que la verdadera motivación de la decisión podría ser el pago de favores e intereses políticos y gremiales.

Mediante un comunicado, las autoridades del Poder Judicial informaron sobre la instalación de las salas de apelaciones en El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y Coatepeque, Quetzaltenango.

Cada sala está integrada por tres magistrados titulares y dos suplentes, lo que implica que el Congreso debe elegir a 20 nuevos magistrados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación.

No obstante, el acta 33-2025 del pleno de la CSJ evidencia una posible transgresión normativa, al impulsar el nombramiento directo de magistrados para cubrir las vacantes surgidas en estas nuevas salas.

Este hecho incrementa las sospechas entre analistas, quienes consideran que podría tratarse de un pago de favores. Hasta el momento, la Corte no ha presentado estudios técnicos que justifiquen la cantidad ni la ubicación de las salas.

Además, en las discusiones del pleno de la CSJ se ha expuesto la intención de crear otras 14 salas.

Hasta este viernes, el Consejo de la Carrera Judicial no había informado ni al Departamento Jurídico del Congreso ni a la Junta Directiva sobre la creación de las salas, según indicaron fuentes legislativas.

Durante una reciente rueda de prensa, Nery Ramos, presidente del Congreso, reiteró que el pleno de diputados es la única autoridad con competencia para elegir y nombrar magistrados.

“Hay intereses”

Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, que la CSJ tenga un listado de favoritos para los nuevos cargos evidencia un interés del Poder Judicial por favorecer a personas y grupos específicos.

“Existe una necesidad real, que es la mora judicial, pero se aprovechan de esa necesidad para ejercer una cuota de poder tanto magistrados de la CSJ como los diputados que los coordinan, para asignar a aliados, amigos, a gente afín a ellos”, expresó.

El año pasado, cuando fue electa la actual magistratura de la CSJ para el periodo 2024-2029, fuentes parlamentarias identificaron al menos a tres diputados como operadores políticos durante la elección.

Entre ellos figuraban Allan Rodríguez, de Vamos; Felipe Alejos, de Todos, y Carlos López Girón, de Valor,quienes habrían negociado acuerdos para consolidar la elección de la actual CSJ.

En contraposición, el oficialismo y otros bloques lograron algunos cargos dentro de la CSJ, conformando un bloque minoritario que recientemente expresó su rechazo a los nombramientos directos de nuevos magistrados.

“Hay personas vinculadas con excomisionados de postulación, diputados y organizaciones gremiales que han tenido incidencia en los últimos años y mantienen una cuota alta”, agregó Ibarra.

Entre los aspirantes figuran abogados de ASPA —grupo que impulsó la llegada de Nester Vásquez a la Corte de Constitucionalidad (CC)—, familiares de excomisionados e incluso asesores de diputados.

“Hay intereses gremiales, familiares, personales y políticos”, reiteró la analista, quien advirtió que la CSJ no puede evadir la ley ni asumir funciones que le corresponden al Congreso.

Posibles negociaciones

Según Alejandro Rodríguez, integrante de Impunity Watch, si la CSJ evade informar al Congreso para que se proceda conforme a la ley, sus autoridades podrían estar incurriendo en delitos graves.

“Se trata de argucias para burlar la Constitución mediante nombramientos arbitrarios y usurpando funciones específicas del Congreso. Incluso podrían investigarse figuras penales como la violación a la Constitución”, señaló.

Además, considera que la creación de nuevas salas con el fin de generar plazas y favorecer traslados o nombramientos podría ser parte de una negociación política previa a la elección del próximo presidente de la CSJ.

El 13 de octubre debe asumir el segundo presidente de la CSJ de la actual magistratura, quien también presidirá la comisión de postulación encargada de elegir candidatos a fiscal general del Ministerio Público (MP).

“Lo que estamos viendo son los preámbulos de la elección presidencial del periodo 2026-2027. Estos actos responden a compromisos clientelares de la Corte”, afirmó.

Sin información

Hasta el momento, el Congreso no ha recibido ninguna notificación oficial que permita programar la elección de los nuevos magistrados, lo que ha generado dudas entre algunos congresistas.

José Chic, integrante del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), indicó que no ha recibido respuesta del Poder Judicial, pero espera una pronta comunicación antes de analizar posibles acciones legales.

Al igual que los expertos, teme que estos movimientos estén relacionados con negociaciones por futuros cargos judiciales que están por definirse.

“Lo que genera inquietud es el papel que debe desempeñar el Congreso como órgano rector. Además, estas salas se crean a poco menos de mes y medio del cambio de presidencia en la CSJ, que a su vez presidirá la comisión de postulación de fiscal general”, dijo.

La CSJ, por su parte, no ha emitido nuevos comunicados sobre la creación de salas. El único pronunciamiento fue el que originó los cuestionamientos; desde entonces, ha mantenido silencio.