A finales del año pasado, el Organismo Ejecutivo aumentó en un 10% el salario mínimo para trabajadores y trabajadoras agrícolas y no agrícolas. Aunque este fue un importante avance en base a lo que anteriores gobiernos realizaban, es aún insuficiente para que las familias guatemaltecas obtengan ingresos suficientes para conseguir un nivel de vida adecuado y digno. Obviamente, que en un mercado laboral tan altamente precarizado y con alrededor de un 80% subsistiendo en la informalidad, este aumento llega a quienes tienen un empleo formal y en donde el empresario cumple con la legalidad. Aún y a pesar de los datos sobre pobreza y pobreza extrema en el país y las obscenas ganancias y altísima concentración de la riqueza, el sector privado organizado rechazó rotundamente este aumento.

A este hecho, habría que señalar que el Banco Mundial en informes sobre Guatemala, señala que tenemos una de las sociedades con mayores tasas de desigualdad en cuanto al salario se refiere. Pero, por si fuera poco, ya estos datos que dan cuenta de nuestra difícil realidad, las y los diputados del Congreso de la República, desconectados por completo de la realidad que les rodea se recetan un aumento salarial que supera el 55% de su ingreso anterior. Mientras la clase trabajadora recibe un incremento del 10%, los y las diputadas se otorgan un aumento del 55%.

Además, mientras las y los trabajadores cumplen jornadas de 8 horas y más, realizan en su gran mayoría sus labores con eficiencia, esta legislatura da muestras de su ineficiencia y de la falta de aprobación de leyes que beneficien a la población. Por ejemplo, a la fecha aún no aprueban las demandas de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público o eligen a cuestionados abogados y abogadas para que conformen ya un destruido sistema de justicia. Todo ello acompañado por varias denuncias de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo y clientelismo que realizan varios diputados y diputadas.

Mientras que, varios departamentos como Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz o Izabal, cuentan con municipios en donde su población tiene tasas de pobreza que superan el 75%, sus “representantes” cuentan con un ingreso que no merecen y que es excesivo en base a la realidad que nos rodea. Es un hecho que las y los diputados, como sujetos políticos no tienen una lectura del contexto en el que estamos, que no han leído las demandas populares y que con sus acciones sólo incrementan el amplio rechazo social a los abusos de poder, la corrupción y la arbitrariedad. El poder que se les otorgó en las urnas, es para y por el actuar político que garantice que el cambio y la transformación se consolide y no para que siguieran en la piñata de los recursos públicos y en sostener la cooptación de las instituciones por parte de las mafias.

Una mínima lectura correcta de la realidad, implicaría retroceder en la decisión del aumento y retomar las aprobaciones legislativas que la sociedad demanda o simple y sencillamente el rechazo crecerá y les será cobrado en las próximas elecciones.