El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, advirtió este lunes 30 de junio a los maestros que respaldan al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que encabeza Joviel Acevedo, que deberán retomar las clases este martes. De lo contrario, aseguró, insistirán en que se certifiquen las acciones legales correspondientes por la interrupción del servicio público y negar derechos como la educación a la niñez y adolescencia guatemalteca.

Desde la semana del 26 de mayo, un grupo de docentes mantienen un plantón frente al Palacio Nacional de la Cultura como medida de presión para que el Ministerio de Educación (Mineduc) de Anabella Giracca acceda a firmar un pacto colectivo. Este acuerdo otorgaría a Acevedo prerrogativas que, en palabras del presidente Bernardo Arévalo, lo convertirían en un “cuasi ministro”.

El pasado 24 de junio, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala ordenó al STEG cesar, en un plazo máximo de 48 horas, la convocatoria a una “asamblea permanente”, figura con la que han justificado el plantón frente al Palacio. No obstante, los sindicalistas han desobedecido no solo esta resolución, sino al menos otras cinco órdenes judiciales que exigen lo mismo.

La continuidad de la medida ha provocado, según estimaciones oficiales, una parálisis del 10 por ciento en el sistema educativo nacional.

ACCIONARÁN POR POSIBLE DELITO

“Que se reanuden las clases. Eso es lo que esperamos ahora que las vacaciones concluyeron el viernes. Hoy (30 de junio) es asueto nacional, pero mañana ya deberían retomarse las actividades. En un Estado de derecho, esperaríamos que todos los ciudadanos respeten y acaten las resoluciones judiciales”, declaró Saavedra, tras ser abordado por la prensa durante un acto público.

El jefe de la PGN advirtió que, de persistir el desacato, insistirán en que se remitan las copias certificadas al Ministerio Público (MP) para que inicie las investigaciones correspondientes, al considerar que podría configurarse el delito de desobediencia. La PGN, en su calidad de abogada del Estado, ha promovido las acciones de amparo junto al Mineduc.

La confrontación entre Acevedo —sancionado por EE. UU. en 2023— y Giracca comenzó incluso antes de que esta fuera nombrada ministra de Educación. Acevedo, que ha permanecido al frente del Sindicato durante más de dos décadas, “incurrió en actividades significativas de corrupción al brindar apoyo político del STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos”, según Washington.

“En un Estado de derecho, las resoluciones judiciales deben cumplirse”, subrayó Saavedra, y expresó su preocupación por la continuidad de la suspensión de clases, que —reprendió— genera “efectos nocivos no solo en la educación, sino también en la alimentación escolar”.

“Estamos ante la vulneración de dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y el derecho a la alimentación. Todo esto como resultado de medidas de hecho que reflejan una desesperación ante la incapacidad de algunos sectores de someterse al marco legal y a las resoluciones judiciales”, afirmó. “Se trata de acciones que insisten en anteponer sus propias pretensiones económicas por encima de los derechos de la niñez”, lamentó el Procurador General.

NO SE DEBEN ANTEPONER INTERESES

Saavedra evitó deslegitimar las manifestaciones, pero sí cuestionó sus consecuencias. “El hecho de que los maestros, o cualquier ciudadano, se encuentren en la plaza es un ejercicio libre, democrático y constitucional. Es un derecho que, mientras no afecte otros, no genera inconveniente alguno”, sostuvo.

No obstante, fue enfático al advertir los límites de ese derecho. “Lo que no se puede —y no se vale en un Estado de derecho— es anteponer la educación y la alimentación de los niños a intereses económicos o sociales que deben discutirse en una mesa de diálogo entre el sindicato, la ministra y su equipo de trabajo”.

Acevedo ha logrado negociar y exigir beneficios a diferentes gobiernos de turno para los maestros y también ha obtenido atribuciones que son propias de un ministro o un viceministro de educación. Todo esto bajo la amenaza de paralizar el sistema educativo del país u ofrecer apoyo político a anteriores gobernantes. El gobierno de Arévalo se opuso a negociar en opacidad y, de esa cuenta, un grupo ha paralizado las clases.

“El 90 por ciento de los maestros y el 90 por ciento de centros educativos a nivel nacional están cumpliendo. Entonces, se trata de un grupúsculo el que se opone a la educación de los niños”, destacó Saavedra con tono firme.