La situación que se viene dando en las diferentes cárceles del país, en donde los detenidos se han amotinado para preservar el régimen de privilegios que existe en el sistema penitenciario, es apenas la punta de un muy peligroso iceberg con el que tiene que convivir la ciudadanía que sufre los efectos de la inseguridad. El gobierno ha dicho que se ha dialogado con los amotinados, pero que no se les han otorgado concesiones, pero el hecho cierto es que nuestros presidios son un fiel reflejo de la persistente destrucción del Estado por el innegable poder de todo tipo de mafias.

Obviamente, todo gira alrededor de la persistente labor para destruir el sistema de justicia a fin de ponerlo al servicio de esos tenebrosos grupos de poder que se benefician con la impunidad, pero el gobierno actual tiene que emprender acciones por su cuenta, a sabiendas de que no disponemos de un verdadero modelo de justicia, para evitar que se siga dando ese empoderamiento de las pandillas que hicieron de las prisiones su sitio seguro para operar, tanto en el manejo de las extorsiones como en la violencia contra los que muestran alguna resistencia.

Tras año y medio en el poder, el gobierno del presidente Arévalo debiera tener una estrategia definida para enfrentar el problema de la inseguridad que afecta a los guatemaltecos de todos los niveles y condiciones. La sucesión de incidentes en las prisiones puede derivarse, como dice el mandatario, de que se está tratando de implementar acciones para someter a los reos a un verdadero control, pero en la práctica lo que vemos es que -con o sin negociaciones- los reclusos terminan imponiendo su voluntad para seguir dirigiendo desde las mismas cárceles a los pandilleros que están libres.

Los Estados de Excepción, regulados en la Constitución y la Ley de Orden Público, no han sido utilizados correctamente en el país y por ello hay tanto escepticismo al respecto, además de que se argumenta, con toda lógica, que la suspensión de derechos y garantías individuales afecta más a la población honrada que a los maleantes. Esa percepción tiene que cambiar para que la gente sepa que las medidas que se tomen son para proteger a la gente honrada. El gobierno algo tiene que hacer para enfrentar el problema que, repetimos, se agrava por la ausencia de autoridades judiciales dispuestas a aplicar la ley con rigor a los que provocan esa inseguridad.

Además, que cualquier plan de excepción debe contemplar ejecuciones transparentes y ágiles.

No se ha expuesto ningún plan ni estrategia del gobierno para controlar a las pandillas que son dirigidas desde las mismas cárceles gracias a la forma en que la corrupción se adueñó de todo el sistema penitenciario donde los reos pagan para que se les permita seguir operando tranquilamente, aun estando tras las supuestas rejas.

La mano dura no significa despotismo sino firmeza y es indispensable usarla en el marco de la ley, para enfrentar a poderosos grupos tan organizados que hasta se afirma que gozan de protección de importantes figuras políticas.