Las cifras de ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo son penosas: un 12% de los más de Q12 mil millones de presupuesto para este año. Aunque hay variantes, el conjunto es una monumental exhibición de incapacidad, falta de planificación e intentos de maquillar conflictos de interés por parte de alcaldes, diputados y gobernadores. Quizá no en todos los departamentos exista esa triple bisagra de conveniencias, pero es evidente que muchos jefes ediles no tienen planes ni prioridades.

¿Qué están esperando? ¿A que se traslade otra vez el bolsón de dinero para el siguiente año? ¿A que se logren vender otros proyectos electoreros? ¿A que se terminen de aclarar los cascarones electorales que jugarán lotería en el 2027? También puede haber simple y llana negligencia, complementada con rencillas intestinas dentro de los consejos municipales y departamentales de “desarrollo”: las comillas son intencionales porque sí existen crónicas necesidades de salubridad, drenajes, proyectos de agua potable, carreteras, puentes. Por lo tanto, es vergonzoso que los Codedes anden inventando obras a última hora, ejecutando a la carrera las ya contratadas y esperando que el clima les haga favor de crear nuevas urgencias.

Supuestos “líderes” partidarios guardan silencio cómplice ante la parsimoniosa ineficiencia de sus correligionarios en curules y comunas. Este lavamanos es la mejor prueba de la disfuncionalidad de las organizaciones políticas, que por ley son las intermediarias entre los ciudadanos y el Estado. Bueno, sí son intermediarios, pero de otros intereses y ambiciones, ajenos al bien común. Ese es precisamente el problema de hacer un presupuesto clientelar: no hay priorización clara de recursos. Hasta parece intencionado para dificultar la fiscalización y justificar contratos otorgados a dedo.

Llega tarde el llamado del presidente Bernardo Arévalo para apercibir a los alcaldes sobre la tardía ejecución o el retraso en la presentación de proyectos. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural pospuso al 31 de julio la fecha límite para tal propósito, pero esto a su vez implica que, de ser aprobadas, las obras se estarían comenzando a ejecutar en octubre, con la consiguiente necesidad de trasladar pagos pendientes para el 2026: exactamente la misma receta que originó el bolsón actual con tan baja ejecución.

De nuevo, el liderazgo institucional estatal a todo nivel se encuentra en un absurdo estado de abulia. En el 2024, tanto el Ejecutivo como los Codedes quizá tenían opción de alegar retrasos en la designación de gobernadores, incertidumbres derivadas del asedio electoral del 2023 o incluso la identificación de prioridades de municipios y comunidades. Aun así, es inexplicable cómo en campaña los aspirantes ediles tienen tanta verba para exponer carencias y rasgarse las vestiduras por la desatención a aldeas y caseríos, pero una vez en los cargos comienzan a hablar de términos anodinos tales como “estudios técnicos”, “mesas de trabajo” y “diálogos con comunidades”.

Quizá el mensaje malsano sea anunciar un incremento de Q1 mil 400 millones para proyectos de Codedes en el plan de presupuesto del 2026. Pasarán de Q4 mil 500 a Q5 mil 900 millones. Si no han podido ejecutar ni siquiera lo asignado en el año y menos aún el bolsón de arrastre, ¿para qué darles más fondos sin planes definidos? Peor aún, tal incremento podría ser inflado por el Congreso holgazán, oneroso y de muchas cabezas voraces con los recursos del Pueblo de Guatemala. Bien lo dijo el Maestro de Galilea acerca del servidor inútil: “Aquel que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho”.