El gobierno suele tener una ventaja a la hora de defender sus políticas ante impugnaciones legales. Por lo general, las cortes suelen aceptar las declaraciones fácticas y representaciones formales del poder ejecutivo sobre lo que está pasando y por qué, en lugar de indagar para averiguar qué es lo que podría estar ocurriendo.

Sin embargo, el torrente de litigios desatado por los radicales primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump —combinado con su hábito de propagar distorsiones y mentiras descaradas— está poniendo a prueba esa práctica.

Las tensiones muestran los obstáculos que enfrentan los tribunales en su intento de aferrarse a la verdad y subrayan hasta qué punto la descarada manipulación de los hechos por parte del presidente le ha allanado el camino para reforzar agresivamente su autoridad y apoyar su agenda.

Luego de que se le acusó de incumplir una orden judicial al deportar a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, el gobierno replicó que el juez no tenía derecho a dictar la orden, en parte porque, afirma, esos hombres son terroristas que invadieron Estados Unidos en nombre del gobierno de Venezuela.

Pero cada elemento de esa afirmación está sujeto a una seria disputa. Al menos fuera de un juzgado.

Los esfuerzos del gobierno por moldear el panorama fáctico en el que se libra la batalla jurídica y política en torno a las deportaciones forman parte de una pauta más amplia. Ha adoptado lo que parecen ser posiciones engañosas o falaces en otros litigios.

Por ejemplo, mientras el propio Trump proclama públicamente que el multimillonario Elon Musk lidera la iniciativa de desmantelamiento de agencias conocida como DOGE, el gobierno ha presentado escritos judiciales negando cualquier vínculo. Oficialmente otra persona la dirige y Musk es asesor de la Casa Blanca.

El gobierno también ha insistido en que obedece las órdenes judiciales de levantar la congelación del gasto cuando, en la práctica, las agencias siguen bloqueando el dinero. ¿La laguna legal? Técnicamente, los funcionarios políticos de las agencias invocaron a otras autoridades legales para retener los fondos.

En el caso de la deportación, la base del argumento jurídico del gobierno es que no importa lo que un juez perciba que son los hechos, porque Trump determina la realidad.

El caso se enfoca en la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite las deportaciones sumarias de ciudadanos de una nación hostil durante la guerra. Trump ha declarado que puede utilizarla para deportar a personas que los funcionarios del gobierno consideren miembros de una banda venezolana llamada Tren de Aragua, sin audiencias individuales de inmigración.

El sábado, James Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito Federal del Distrito de Columbia, impidió que el gobierno deportara gente basándose en la invocación de la ley por parte de Trump. El gobierno pidió rápidamente a un tribunal federal de apelación que anulara esa orden, al tiempo que afirmaba que varias declaraciones de Trump establecían verdades jurídicas.

“La determinación de si ha habido una ‘invasión’ o una ‘incursión depredadora’, si una organización está suficientemente vinculada a una nación o gobierno extranjeros o si los intereses de seguridad nacional se han visto de alguna manera comprometidos de tal manera que requieran la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros es fundamentalmente una cuestión política que debe responder el presidente”, dijo.

El Departamento de Justicia también ha instado a un tribunal de apelaciones a que retire a Boasberg del caso, insinuando que no se puede confiar en él para proteger información clasificada. (Su pasado como juez presidente del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera implica que tiene una amplia experiencia supervisando casos de terrorismo y espionaje). La fiscal general Pam Bondi lo ha acusado de apoyar “a los terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses”.

Pero independientemente de si existen pruebas de que cada venezolano trasladado a El Salvador para ser ingresado en una prisión de alta seguridad es realmente miembro de la banda, ¿siquiera es cierto que Tren de Aragua es un grupo terrorista?

El mes pasado, el Departamento de Estado designó a Tren de Aragua, junto con varios cárteles de la droga y bandas más, como “organización terrorista extranjera”, obedeciendo a una orden ejecutiva previa de Trump.

Pero ese fue un cambio notable en la manera en que el poder ejecutivo ha utilizado la facultad otorgada por el Congreso de considerar a los grupos organizaciones terroristas. En el pasado, dichos grupos eran en su mayoría islamistas militantes, junto con algunos comunistas y una rama del Ejército Republicano Irlandés.

Por definición, los terroristas son personas que utilizan la violencia criminal para promover un objetivo ideológico, tratando de forzar cambios en la política.

El Tren de Aragua es sin duda una organización criminal peligrosa, pero nada indica que esté motivada por alguna ideología concreta, ya que se dedica al contrabando de personas, al secuestro extorsivo y al tráfico de drogas. Su objetivo parece ser más bien la obtención de ganancias ilícitas.

En un correo electrónico, la oficina de prensa de la Casa Blanca enumeró una serie de delitos de los que se ha acusado a miembros de Tren de Aragua, preguntando: “¿Acaso los miembros del TdA no le parecen terroristas al NYT? Qué raro que hayan decidido defender esto”.

Ali Soufan, antiguo agente del FBI que fue el principal investigador contra Al Qaeda durante el periodo alrededor de los atentados terroristas del 11 de septiembre, dijo que el gobierno debería presentar pruebas de que Tren de Aragua estaba intentando influir en las acciones del gobierno estadounidense antes de calificarlos de terroristas.

“Por todo lo que he leído sobre ellos, se trata de una organización maligna, pero debemos tener cuidado de solo aplicar la acusación de ‘terrorismo’ a las acciones que se ajusten legalmente al delito. De lo contrario el término corre el riesgo de perder su credibilidad y seriedad”, dijo.

El viernes, antes de los traslados a El Salvador, Trump firmó una proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros en contra de Tren de Aragua. Dijo que concluía y declaraba que la banda estaba perpetrando una invasión y “llevando a cabo una guerra irregular” bajo la dirección del gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

“Concluyo y declaro” estas determinaciones fácticas, dijo Trump, “utilizando toda la extensión de mi autoridad para dirigir los asuntos exteriores de la nación bajo la Constitución”.

Trump no dijo si existe alguna evaluación que haya hecho la comunidad de inteligencia sobre la relación de Tren de Aragua con el gobierno venezolano y, en caso afirmativo, si esta respalda sus conclusiones fácticas.

Su afirmación más concreta fue que la banda experimentó un crecimiento significativo entre 2012 y 2017, cuando Tareck El Aissami ocupó el cargo de gobernador de la región de Aragua, antes de que Maduro lo nombrara vicepresidente.

La presentación del Departamento de Justicia ante el tribunal de apelaciones citaba las “conclusiones” de Trump como los hechos por los que los tribunales deben evaluar la cuestión, incluida la repetición de la observación sobre El Aissami, y añadía: “El presidente podría concluir adecuadamente que, dado lo significativamente que TdA se ha entrelazado en el tejido de las estructuras estatales de Venezuela, es un brazo de facto del régimen de Maduro”.

En una audiencia realizada el sábado, Boasberg se mostró escéptico sobre los argumentos del gobierno antes de ordenar que detuviera cualquier deportación en curso basada en la orden de Trump. Indicó que los argumentos expuestos por un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles le parecían convincentes. Entre ellos figuraba que la ley se aplicaba solo a actos hostiles perpetrados por naciones enemigas y acordes con la guerra, y no era relevante para la inmigración ilegal ni para “actores no estatales, como las bandas criminales”.

El juez ordenó al gobierno que no expulsara a nadie basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, e indicó verbalmente al Departamento de Justicia que hiciera dar la vuelta a los aviones que ya estuvieran en el aire. Una versión escrita de esa orden omitió la parte relacionada con los aviones.

Cuando quedó claro que los aviones que transportaban venezolanos a El Salvador no habían regresado, el gobierno pareció presentar varios argumentos sobre por qué eso no debería considerarse una violación de la orden judicial.

En primer lugar, señaló que los migrantes ya se encontraban en espacio aéreo internacional cuando el juez emitió la versión escrita de su orden, por lo que carecía de jurisdicción. No ha explicado por qué eso supondría una diferencia en términos de jurisdicción: los hombres seguían bajo custodia estadounidense mientras volaban, y la orden del juez iba dirigida a los funcionarios encargados de la operación.

Pero en un escrito presentado el martes, el Departamento de Justicia planteó un razonamiento diferente: los hombres ya habían sido “expulsados” en el momento en que abandonaron el espacio aéreo estadounidense, antes de la orden. Un funcionario también dijo al juez que un tercer avión, que salió de Texas después de la orden, transportaba a hombres que estaban sujetos a órdenes finales de expulsión, por lo que no habían sido deportados “únicamente” basándose en la ley de 1798.

El gobierno también ha insinuado que Boasberg no tenía autoridad legítima para intervenir. Por lo general, los tribunales “no tienen jurisdicción sobre la gestión de los asuntos exteriores del presidente, sus facultades en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros y sus poderes fundamentales en virtud del Artículo II para expulsar a terroristas extranjeros de suelo estadounidense y repeler una invasión declarada”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia, en un escrito, repitió la afirmación generalizada de que en ciertos asuntos de seguridad nacional y asuntos exteriores un presidente ejerce un poder que los tribunales ni siquiera deberían revisar.

Aunque los jueces y magistrados tienden a ser respetuosos con el poder ejecutivo en esos ámbitos, la Corte Suprema no solo ha examinado esa conducta de los presidentes, sino que ha dictado sentencias contra ellos.

El escrito también citaba un caso de la época de la Segunda Guerra Mundial en el que la Corte Suprema dijo que un alemán repatriado en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros no podía impugnar su deportación ante los tribunales. Sin embargo, ese caso se produjo durante una guerra declarada y el demandante no disputaba ser ciudadano alemán.

Las mentiras y exageraciones de Trump se remontan a la época en que era un pomposo promotor inmobiliario que se promocionaba a sí mismo, y a sus proyectos. Al dictar sentencia contra Trump en 2023, un juez dijo que había cometido fraude de forma persistente, creando un “mundo de fantasía” al describir el tamaño y el valor de sus edificios.

Más tarde ascendió en la política nacional del Partido Republicano al difundir la mentira de que el presidente Barack Obama había nacido en Kenia, no en Hawái.

Y en su primer mandato, Trump emitió un flujo constante de afirmaciones falsas sobre asuntos tanto triviales como trascendentales, ya fuera el tamaño de su multitud inaugural o el ganador de las elecciones de 2020. The Washington Post contabilizó 30.573 afirmaciones falsas o engañosas durante su primer mandato.

Tras una audiencia realizada el lunes ante Boasberg, Skye Perryman, del grupo Democracy Forward, que ayuda a representar a los demandantes, criticó la premisa fáctica de los argumentos jurídicos del gobierno.

“El presidente no es un rey, y todos los estadounidenses deberían estar preocupados por esta ampliación ilegal de los esfuerzos en tiempo de guerra cuando en realidad no estamos en guerra”, dijo.