Un nuevo marco legal contra las maras entra en vigor el 11 de noviembre, luego de la publicación oficial del Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras.

La conocida como Ley antipandillas fue promulgada por el Congreso de la República el 21 de octubre de 2025, fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y fue publicada en el Diario de Centro América este lunes 10 de noviembre.

De esta forma, Guatemala redefine su política penal frente a las pandillas, elevando sus actos a la categoría de terrorismo y endureciendo las penas por extorsión, reclutamiento de menoresy usura.

Con su entrada en vigencia, Guatemala declara a las maras y pandillas —entre ellas el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS)— como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas, y establece el marco legal y criterios para designar a nuevas estructuras.

La normativa, compuesta por 21 artículos, establece un marco jurídico para identificar, designar y sancionar a las maras y organizaciones criminales transnacionales, y según los congresistas, endurece las penas por delitos vinculados a estas estructuras.

Declara terroristas a las maras y pandillas (Artículo 2)

El artículo 2 de la ley establece que las maras o pandillas serán consideradas “grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”, al operar con jerarquía, disciplina interna, control territorial y una estructura orientada a generar terror en la población.

De forma inmediata, la normativa designa al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS) bajo esta categoría.

Para declarar a nuevas organizaciones como terroristas, el Fiscal General deberá solicitarlo a la Corte Suprema de Justicia, que resolverá a través de la Cámara Penal.

La resolución deberá publicarse oficialmente y tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por igual período.

Obstrucción extorsiva del tránsito (Artículo 11)

La ley eleva las sanciones para quienes exijan dinero a cambio de permitir la circulación en la vía pública. Ahora, este delito será castigado con 14 a 18 años de prisión, un aumento respecto a las penas anteriores de 6 a 8 años.

Si el hecho es cometido por un integrante de una pandilla declarada como organización terrorista, la pena se incrementará en una tercera parte, y el juez podrá inmovilizar o inhabilitar cuentas bancarias vinculadas al caso.

Endurece penas por reclutamiento de menores

Reclutamiento ilícito de menores (Artículo 11 Bis): se impone una pena de 14 a 18 años de cárcel y multas de Q100 mil a Q300 mil a quien capte, organice o intimide a menores de edad para involucrarlos en actividades delictivas.

Reformas al sistema penitenciario y control de reclusos

Prohibición de equipos tecnológicos (Artículo 7): se prohíbe el ingreso o uso de equipos de internet, drones o dispositivos móviles en los centros de detención.

Base de datos penitenciaria (Artículo 55 Bis): se ordena crear una base de datos nacional con la información de todas las personas privadas de libertad, incluyendo si pertenecen a maras u organizaciones criminales.

El sistema deberá estar actualizado en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley.

Cambios en el Código Penal

Coacción económica en prisión (Artículo 9): se adiciona el artículo 214 Bis al Código Penal, estableciendo penas de 6 a 8 años de prisión a quien ejerza coacción económica contra privados de libertad. Si el responsable es un funcionario público, la pena se agrava en dos terceras partes y se aplica inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Usura (Artículo 12): la sanción aumenta de 4 a 10 años de prisión y multa de Q200 mil a Q500 mil. Si el responsable es extranjero, deberá ser expulsado del país al cumplir la condena.

Terrorismo (Artículo 13): si un delito de terrorismo es cometido por una organización declarada como terrorista, la pena se aumentará en una tercera parte.

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Compra directa de equipo (Artículo 14)

El Ministerio de Gobernación queda autorizado para adquirir equipo táctico y tecnológico por hasta Q200 millones, destinados a fortalecer unidades como el Centro Antipandillas Transnacional (CAT).

Estas adquisiciones estarán exentas de los procesos regulares de licitación, pero deberán cumplir medidas de control, auditoría y transparencia.
Entre ellas:

• Las compras podrán realizarse mediante acuerdos de gobierno a gobierno.
• El proceso deberá completarse en seis meses.
• El ministro deberá informar cada 15 días al Congreso, mientras la Contraloría General de Cuentas efectuará auditorías concurrentes.
• La documentación deberá publicarse en Guatecompras dentro de 15 días tras la finalización de cada negociación.

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