Caso Huité: dos mandos militares fueron relevados de sus puestos, pero continúan en el Mindef
Dos mandos militares relevados tras la muerte de ocho personas en Huité siguen en el Mindef, uno con funciones de asesoría. Diputados cuestionan si podrían interferir en las investigaciones del MP.
Los dos altos mandos del Ejército relevados después de la masacre de ocho personas en Huité, Zacapa, continúan vinculados al Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), aunque ya no ejercen las funciones que tenían cuando ocurrieron los hechos del 27 de septiembre.
Se trata de José Geovani Martínez Milián, quien ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y del coronel de Infantería Erwin Constanza Hidalgo, quien estaba al frente de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Zacapa.
Durante una citación de la bancada VOS en el Congreso, el viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, explicó que ambos oficiales fueron apartados de sus cargos para evitar interferencias en las investigaciones del Ministerio Público (MP).
“Y si se destituye al que dirige el Ejército es porque algo salió mal. Pero usted aquí no nos quiere decir qué es lo que se hizo mal”, cuestionó uno de los diputados.
Los relevos fueron anunciados el 8 de octubre, 11 días después de la muerte de ocho personas en Huité. Ese día, el presidente Bernardo Arévalo explicó que la medida buscaba facilitar las diligencias del MP.
“En atención a garantizar que pueda haber una libre investigación por parte del Ministerio Público, se ha relevado del mando al jefe del Estado Mayor y al comandante de la base de Zacapa y que sea concentrado al personal necesario para que de esa manera el Ministerio Público pueda tener acceso directo al personal involucrado”, dijo Arévalo.
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¿Dónde están los dos militares relevados?
Lemus explicó que Constanza Hidalgo dejó de ejercer el mando de la Segunda Brigada de Infantería, pero continúa dentro del Ejército en situación de disponibilidad.
Según el viceministro, esa condición permite que el oficial reciba misiones, participe en actividades militares o sea nombrado en otro puesto. No precisó dónde se encuentra físicamente ni qué funciones específicas cumple actualmente.
En el caso de Martínez Milián, indicó que pasó a desempeñar funciones de asesoría y que puede asesorar al nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Los diputados cuestionaron cómo se garantiza que ambos oficiales no interfieran en las investigaciones si continúan dentro de la estructura militar, especialmente cuando uno de ellos mantiene funciones de asesoría.
“Porque él no tiene ninguna situación de mando ya dentro de la institución”, respondió Lemus.
El viceministro tampoco pudo establecer si alguno de los oficiales relevados recibió o emitió una orden ilegal relacionada con lo ocurrido en Huité, donde hubo ocho fallecidos.
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Lemus no precisó quién autorizó la movilización militar
Durante la citación de VOS, Lemus reconoció que personal del Ejército se movilizó a Huité sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según explicó, el desplazamiento ocurrió después de que circulara en redes sociales información sobre la posible presencia de grupos armados en el municipio.
Sin embargo, el viceministro no precisó cuántos militares estuvieron en el lugar, quién autorizó su movilización ni cuándo los mandos superiores recibieron los primeros informes sobre lo ocurrido.
¿Quién disparó contra las ocho víctimas?
Los diputados cuestionaron al viceministro quién disparó en contra de la población civil.
Lemus no identificó a los responsables y sostuvo que esa información debe establecerse mediante las investigaciones del MP.
Los legisladores también preguntaron si el Ejército había revisado las armas asignadas a los soldados que estuvieron en Huité y si se había determinado que alguna fue disparada.
El viceministro explicó que las unidades militares realizan revisiones de equipo y armamento después de las operaciones, pero no proporcionó resultados concretos de una inspección relacionada con el caso.
PNC: las víctimas no tenían antecedentes criminales
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, informó durante la citación que no encontraron antecedentes criminales de las ocho personas fallecidas.
“La información preliminar da cuenta que no tiene ningún antecedente criminal las víctimas por el momento. Ya si hay alguna investigación en contra de ellos, pues no le sabría decir, pero antecedentes no tiene”, dijo Custodio Boteo.
El director confirmó que entre los ocho fallecidos había un menor de edad y que una persona herida fue trasladada a un centro asistencial.
Defensa niega participación de la Fuerza Aérea
Los diputados de VOS también preguntaron por versiones de vecinos sobre aeronaves que habrían sobrevolado Huité durante los acontecimientos.
Lemus negó la participación de la Fuerza Aérea Guatemalteca y aseguró que esa información había sido corroborada.
Sin embargo, el funcionario no identificó el origen de las aeronaves mencionadas por los pobladores ni aclaró si hubo sobrevuelos de otras instituciones.
Boteo indicó que los registros consultados no mostraban salidas de aeronaves del Ministerio de Gobernación relacionadas con los hechos.
El MP, por su parte, reportó el procesamiento de cuatro escenarios y la recolección de 77 indicios balísticos relacionados con los hechos.
PDH aún espera informes sobre los hechos
Una representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) explicó que la institución tuvo conocimiento de los hechos el 27 de septiembre y abrió un expediente de oficio el día 28.
La PDH solicitó informes al Ministerio de la Defensa, a la PNC y a la Gobernación Departamental de Zacapa para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos.
Durante la citación, la representante indicó que únicamente habían recibido información de la Comisaría 24 de la PNC, relacionada principalmente con las víctimas y sus edades.
“Eso está en curso, pendiente de que se puedan recibir todos los informes para que hayan mayores elementos para que el Procurador pueda emitir la resolución que corresponde”, explicó.
Los diputados cuestionaron que, pese a la gravedad de los hechos, la institución todavía no contara con información suficiente para determinar posibles vulneraciones de derechos humanos.