Luego de conocerse la captura de Esteban Toc Tzoy, tercer dirigente indígena detenido por su participación en las manifestaciones de 2023, la Delegación de la Unión Europea (UE) en Guatemala pidió que se respete el debido proceso y se garantice su integridad física.

Según la UE, la detención de Toc evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la democracia y ejercen su derecho a la protesta pacífica.

“La detención del líder indígena Esteban Toc evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la democracia y ejercen el derecho a la reunión pacífica”, señaló la delegación en una publicación.

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La detención del líder indígena Esteban Toc evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la #Democracia y ejercen el derecho a la reunión pacífica. Llamamos a que se respete el debido proceso y se garantice su integridad. pic.twitter.com/PtlsnlbRdj

— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) August 29, 2025

LA DETENCIÓN

Esteban Toc fue capturado el pasado 28 de agosto en la ruta Interamericana, en un sector conocido como La Pistola, Totonicapán, alrededor de las 11:00 horas, cuando se dirigía a Quetzaltenango para recibir tratamiento médico.

Según las autoridades, su aprehensión se enmarca en el mismo caso por el que permanecen en prisión los exrepresentantes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Durante declaraciones a medios, Toc afirmó que atraviesa un estado “difícil de salud” y advirtió que el Ministerio Público (MP) será responsable de cualquier afectación a su bienestar. Explicó que padece insuficiencia renal crónica y otros problemas de salud desde hace tres años.

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PRONUNCIAMIENTOS

La captura ha generado múltiples pronunciamientos. Autoridades Indígenas expresaron su rechazo, acusando al MP de criminalizar a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas.

Por su parte, la Municipalidad Indígena de Sololá calificó la detención como un atropello y denunció que responde a la persecución y criminalización promovida por “estructuras corruptas enquistadas en el sistema de justicia guatemalteco”.

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