El derecho de antejuicio que se retiró a cuatro cargos del Organismo Ejecutivo deja a personal de confianza del presidente Bernardo Arévalo expuesto a posibles acciones penales.

Esto ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) expulsó de la legislación los fragmentos de la Ley del Organismo Ejecutivo que otorgaban inmunidad a cuatro secretarios presidenciales.

La decisión se establece en una sentencia de la CC, divulgada el pasado fin de semana, que responde a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Diego Sagastume Vidaurre, Marcella Carolina Orr Solares, Carlos Enrique López Polanco; así como una presentada por el constituyente, Fernando Linares Beltranena.

La sentencia deja sin inmunidad a los titulares de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas).

La CC deja con inmunidad a los funcionarios a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia y la Secretaría General de la Presidencia.

La sentencia, de acuerdo con analistas, deja vulnerable al presidente Bernardo Arévalo, quien está por enfrentar una de las decisiones más importantes de su administración: nombrar a un nuevo fiscal general.

La comisión de postulación que selecciona a los candidatos para ocupar la jefatura del Ministerio Público programó para el 17 de abril la conformación de la lista de seis elegibles que presentarán a Arévalo para que efectúe el nombramiento.

Posibles presiones

Para analistas el momento en que llega la sentencia implica nuevos escenarios que no se deben ver de forma aislada ante las futuras decisiones presidenciales. La más cercana es la elección de fiscal general del Ministerio Público (MP).

Alejandro Rodríguez, integrante de Impunity Watch, considera que la vulnerabilidad de los cuatro secretarios presidenciales puede ser utilizada para tratar de presionar a la presidencia de Arévalo.

“Se quiere hacer acciones espurias para presionar al presidente en la toma de decisiones que van en contra del país; nosotros queremos un MP independiente, pero ciertos actores constituyen un grupo para desmantelar el Estado de derecho”, dijo el analista.

Rodríguez respalda su teoría porque los cuatro cargos que ahora se quedan sin la protección de la inmunidad, no fueron cuestionados en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

“Buscan facilitar el trabajo del MP que está criminalizando, no lo decimos nosotros, lo han dicho relatores y Cortes internacionales tras evaluar al país”, señaló Rodríguez.

Para Guillermo Fuentes, de la organización de formación política Aire, también es necesario evaluar el contexto en el que se da la sentencia e identifica la próxima elección de fiscal general como un tema sensible.

“Parece una jugada estratégica viendo todo lo que sucede con Arévalo, Movimiento Semilla, el futuro evento electoral, podría haber muchas cosas también en relación con el cambio de fiscal general, que pudieran darse ciertas presiones hacía la presidencia”, indicó.

Marcan precedente

El analista Marco Antonio Canteo, experto en temas legales, señala que no es la primera vez que la CC toma una decisión de este tipo, al recordar que fue una acción de inconstitucionalidad la que promovió que fiscales quedaran sin inmunidad.

Señala que lo único que hizo la máxima Corte fue definir quiénes tienen inmunidad, dejando solo aquellos cargos que aparecen en la Constitución Política de la República de Guatemala.

“La CC retoma un precedente y falla en un sentido en que solo los puestos explícitos de la Constitución tienen derecho de antejuicio. Acá solo las secretarías general y privada están reconocidas en la Constitución; acá ellos refuerzan su jurisprudencia”, explicó.

Remarca la necesidad de entender que ahora los futuros gobiernos deberán de contemplar esta sentencia, ya que se puede dejar vulnerable al gobierno de Arévalo, pero los que vengan tendrán que enfrentar la posibilidad de que personal de confianza al presidente sea sujeto de ataques judiciales.

“Los futuros gobiernos del país tendrán que tomar en cuenta que solo dos secretarías tienen antejuicio. Esto no es solo contra Arévalo, esta sentencia queda para el futuro”, concluyó.

Presidencia sin escenarios

Pese a que la sentencia fue pública desde el pasado fin de semana, la presidencia de Arévalo todavía no ha analizado los escenarios o definido una respuesta legal indicando que todavía no han sido notificados.

“Hasta este momento no hemos sido notificados de dicha resolución, por lo que no conocemos su contenido íntegro. Haremos el análisis correspondiente y cuando sea el momento, emitiremos una opinión”, respondió el departamento de Comunicación Social de la presidencia.

La inmunidad en las secretarías comenzó a ser cuestionada luego de que el MP mencionó a Santiago Palomo —entonces titular de la SCEP— en una de sus investigaciones. Antes de que el caso fuera resuelto, el gobierno de Arévalo trasladó a Palomo a un cargo diplomático fuera del país.