Después de reunirse con las cabezas de varias instituciones del Estado, la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea concluyó que ninguna de las 26 recomendaciones que la Misión de Observación Electoral hizo en el 2023 se ha ejecutado, aunque hay avances en tres.

De esa cuenta, el jefe de ambas misiones, Jordi Cañas, habla con Prensa Libre acerca de las amenazas y desafíos de la democracia guatemalteca, con miras a las elecciones generales del 2027.

Luego de toda la ronda de reuniones con los poderes del Estado, ¿con qué percepción se va en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones antes del proceso electoral del 2027?

Que hay algunas de ellas que, en función de las conversaciones que hemos tenido, se ha abierto la posibilidad de poder impulsarlas a través de un cambio de la ley, una reforma de la ley Electoral y de Partidos Políticos, buscando unos acuerdos mínimos. Eso es lo que nos han transmitido las principales fuerzas políticas del Congreso.

Que eso esté realmente dentro de sus prioridades en la agenda legislativa, yo tengo mis reservas, pero siempre prefiero ser confiado y confiar en lo que me dicen, porque creo que es razonable, que es posible, que sería bueno, porque creo que lanzaría un mensaje del propio Congreso, de decir “somos conscientes de que tenemos que hacer algunas reformas, de que podemos conseguirlas desde el consenso, porque hay unas reformas, no solo que plantea el informe de la Misión de Observación Electoral del 2023, sino que estaban recogidas en la OEA, en los informes de las observaciones locales”, y que hay muchas de ellas que están fuera de la discusión ideológica de las diferentes fuerzas políticas, que podrían ser de consenso, y que lanzaría un mensaje a la ciudadanía de que, a pesar de la atomización y del debate político interno, “somos capaces de sumar para incorporar reformas que creemos que son necesarias para perfeccionar nuestra democracia”.

Y a pesar de que es difícil y que se enfrentará probablemente una diferencia en la prioridad de las agendas políticas, yo creo que es posible, y mientras sea posible prefiero confiar que si aquellos que pueden impulsarlas me dicen que pueden, pues se cumplan.

Después, hay otras que se podrían implementar con un Tribunal Supremo Electoral funcional, y eso también depende de la voluntad tanto de la presidenta como de los magistrados suplentes, que son titulares de facto, porque son los miembros de facto del órgano, el órgano está constituido y lo que tiene que hacer es su trabajo, y su trabajo es empezar a preparar las elecciones del 2027 con un traspaso de poderes en el 2026 y dar respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea, que algunas dependen del Tribunal.

Por lo tanto, preferimos ser optimistas. Creemos que lo que se planteó en las 26 recomendaciones era posible, era factible, redujimos el número para justamente facilitar su implementación y delimitarlas en ámbitos de actuación concretos e importantes, y creemos que es posible. Pero bueno, dependerá, como todo, de la voluntad política, de la voluntad de los magistrados de Tribunal Supremo Electoral, y de ser capaces de aprobarlas antes del límite temporal, que es un año antes de las próximas elecciones.

En la conferencia reciente mencionó, cuando hablaba de las 26 recomendaciones, que han pasado muchas cosas, pocas buenas, ¿cuáles son esas buenas cosas que pasan?

Bueno, sí lo he dicho, porque a veces me dejo llevar por el tono general del debate aquí en el país, pero yo lo hubiera dicho al revés, han pasado muchas cosas buenas y algunas malas, y han pasado algunas muy buenas, y voy a empezar haciendo lo que tenía que haber dicho en la rueda de prensa, que es diciendo que han pasado muchas cosas buenas, pero que continúan algunas malas.

¿Cuáles son estas?

En general, las que definían el contexto previo a las elecciones del 2023, pero que se acentuaron a lo largo del proceso, que es una cooptación de los órganos deliberativos o judiciales del país por parte de una minoría que buscaba consolidar y mantener su poder y su impunidad, que para eso quería mantener el control del poder del Congreso y de la Presidencia de la República, y que hubo un elemento que no esperaban, que era que finalmente hubo un candidato que no pertenecía a esa estrategia, que ganó las elecciones y por lo tanto es el presidente legítimo de Guatemala.

Cuando, tras la primera vuelta, se vio que la estrategia de que pasaran dos candidatos controlados por ese sector de Guatemala no se cumplió, a partir de ahí se puso en cuestión todo el proceso, un proceso que se había empezado a cuestionar con la eliminación y supresión de numerosas listas electorales que podían poner en cuestión el paso a segunda vuelta. Cualquier candidato que podía tener posibilidades de pasar a segunda vuelta y romper el esquema diseñado, era automáticamente inhabilitado, sancionado, o impedida su presentación.

Es decir, que fue una cosa que ya empezó a mostrarse con claridad en la primera vuelta electoral, pero que a raíz de la segunda vuelta se desató la puesta en cuestión del resultado, la búsqueda de suspensión de la naturaleza jurídica del partido que había ganado, pero en el fondo, lo que se buscaba era suspender la segunda vuelta electoral para que la victoria del señor Arévalo fuera considerada ilegítima, puesto que el partido o la formación que había pasado a segunda vuelta no tenía naturaleza adecuada para ello.

Después, no suficiente con todo esto, -hablan sobre- el fraude en el resultado, o sea, como todos los elementos que iban incorporando eran desmontados por la propia realidad, se acabó la narrativa del fraude, una narrativa del fraude que lo que buscaba era cuestionar tanto la elección como la credibilidad del nuevo presidente.

Es decir, cuando tú incorporas una narrativa de fraude a un resultado electoral, esa narrativa es como una semiente que acaba extendiéndose, porque encuentra un eco en un mundo donde muchos ciudadanos, de repente, creen que la tierra es plana, cuando hace cinco años nadie decía que lo fuese, y ahora de repente cada vez hay más gente que sí, que ha entrado en decir que la tierra es plana. Entonces, cuando eso pasa se utilizan esas estrategias en otras circunstancias, en este caso, deslegitimar un resultado para deslegitimar un gobierno, para deslegitimar el proceso democrático, y deslegitimar la democracia, y esto es tan burdo y obvio como preocupante.

¿Qué cree que ha afectado la implementación de las recomendaciones?

La realidad. ¿Qué nos ha llevado a no implementar las recomendaciones? la realidad, pues es una realidad de un parlamento atomizado, de una falta de impulso en la agenda política por parte de aquellos que decían que la reforma de la Ley Electoral era una prioridad, las dificultades inherentes al mismo proceso de reforma, que son dos tercios del Congreso que hace difícil en general alcanzar esas mayorías reforzadas, la disfuncionalidad de un Tribunal Supremo Electoral que ha sido castigado por defender la democracia y no plegarse a las presiones del pacto de corruptos alimentando el fraude electoral, y que por lo tanto ha significado la victoria de un caso sobre el Trep, que se ha perdido, y ha convertido al TSE en un órgano disfuncional o no operativo, pues la realidad que vive Guatemala, que es el país de la eterna primavera, el sitio donde todo es posible.

Ha mencionado que el objetivo tiene que ser en el 2026. ¿Por qué?

La pregunta debería ser: ¿Qué le pasa a la democracia guatemalteca? o sea, ¿cuáles son sus problemas? El proceso electoral es para garantizar la democracia. Es un instrumento de la democracia para garantizar la alternancia, la continuidad democrática, es decir, para mantener viva la democracia, que no solo es una relación de leyes, constituciones, tribunales, organismos. No, no, no. Es una forma de entender cómo se dirimen las diferencias en un cuerpo político, cómo se dirimen las diferencias entre los ciudadanos, cómo se articulan en unos mecanismos deliberativos, que a su vez son electos cada X años, con el objetivo de garantizar algo fundamental de una democracia liberal, los derechos y libertades de los ciudadanos.

Entonces, ¿cuál es la principal amenaza a los derechos y libertades de los ciudadanos en Guatemala, y por lo tanto a la democracia, y por lo tanto a su proceso electoral? La cooptación de los órganos judiciales, principalmente, porque hay otros también, pero principalmente la cooptación de los órganos judiciales por parte de aquellos que quieren mantener una determinada lógica del poder, que va en contra de los principios democráticos, y lo hacen contra la mayoría y sobre todo pisoteando los derechos fundamentales, persiguiendo las libertades, amenazando a los ciudadanos, intimidando a los ciudadanos, encarcelando a los ciudadanos y sembrando el miedo en el conjunto de la sociedad democrática, con el objetivo de silenciarla y paralizarla, para mantener sus prerrogativas de poder y su control espurio del conjunto del país.

¿Por qué se produjo esa cooptación? Porque hay unos miembros que integran esos organismos que están no al servicio de la comunidad ciudadana, sino al servicio de los intereses de una parte.

En el 2026 hay los mecanismos de configuración, de nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, de la Contraloría de Cuentas, y sobre todo el Ministerio Público, bueno, sobre todo de la Corte de Constitucionalidad, pero especialmente el Ministerio Público también, que puede devolver estos órganos al conjunto de los ciudadanos para normalizar la vida judicial y política del país, para abandonar la judicialización criminal de la política y la politización criminal de la justicia.

Son esas cosas que a veces se les olvida a algunos en una democracia, y se nos olvida a veces reclamarlas, y ya hemos aceptado que lo normal es que un árbitro sea arbitrario, y eso no puede ser.

Usted también ha mencionado que la democracia guatemalteca ha resistido momentos muy difíciles, pero ¿cuántos más puede aguantar?

Pues miren, yo confío en que muchos, y espero que todos, porque no solo es la democracia guatemalteca la que tiene que enfrentar retos, es la democracia en todo el mundo. Lo que pasa es que en Guatemala tiene algunos retos singulares y naturaleza específica y grave, pero todas las democracias están asediadas y en dificultades.

Es decir, la democracia es una gimnasia que hay que practicar cada día, porque tiene que mantener un tono, una forma, y eso requiere que el cuerpo social sea consciente de que sus derechos de libertad es el fundamento en el que la democracia funcione. Con sus problemas, sus mecanismos de mejora, con aquellas cosas que uno critica, pero que en el fondo hay una cosa angular, que tú no tengas miedo a que alguien te monte un juicio, que alguien te mete en prisión, o que alguien limite tus libertades, o alguien te amenace, y que ese alguien sea parte de aquellos organismos que están para velar por eso, para que eso no pase. Es decir, volver a Guatemala a la normalidad.

Las cosas normales, las peleas políticas, las diferencias, la parálisis, todas las cosas normales, el incumplir con las promesas electorales, el que la gente se enfade porque el gobierno no ha cumplido, todo eso que pasa en todo el mundo, pero que aquí tiene una diferencia. Y aquí por opinar, por ser periodista, por ser miembro de un pueblo originario, por manifestarse en la calle, por denunciar la corrupción, por tener una posición clara contra los corruptos, por todo eso te pueden perseguir y encarcelar. Que está la paradoja que los corruptos se sienten libres y los demócratas se sienten perseguidos, y eso no puede ser.