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Si el colador deja pasar de todo, ¿para qué sirve?
El monopolio de los abogados exhibe claras desventajas.
EDITORIAL
La proliferación de universidades sacadas de la manga, tan solo para tener un lugar automático en las comisiones de postulación, ha demostrado ya la invalidez del modelo de este presunto filtro para depurar la calidad de aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Si a eso se suman los remedos de elección de delegados del Colegio de Abogados, precedidos por francachelas, edecanes y cerdos asados a la par de las urnas, ya el proceso parece un sainete, ya que el objetivo de las postuladoras deviene ahora en una comparsa de simulaciones, un debate de apariencias, un show de saboteadores y un casino ilegal de apuestas de dinero e influencias para inutilizar la exigencia y volverla un burdo formalismo.
A pesar de la buena voluntad inicial de los dos rectores universitarios electos para presidir ambas comisiones, se ha impuesto el voto interesado, la conveniencia disfrazadas y cierta horda abogadil convertida en oficiosa defensora de lo “legal”, pero que deja de lado lo que sustenta cualquier ordenamiento positivo: la ética, la coherencia de discurso y acción; pero, sobre todo, la dignidad del pueblo de Guatemala, de quien deviene la soberanía delegada en los poderes del Estado, a uno de los cuales dejan entrar a una retahíla de abusadores de cargos, atentatarios contra la democracia y lacayos de operadores políticos cuya avidez se nota a lo lejos.
La Comisión Postuladora para Corte Suprema de Justicia recibió 31 objeciones contra aspirantes, pero solamente se validó una. La postuladora para salas de Apelaciones recibió 65 reparos, obyectos, denuncias de conflictos de interés y planteamientos de malas conductas profesionales…, pero solo se admitió una. Ya parece, como dice el dicho, que se trata de una excepción para confirmar la regla o más bien la falta de estas.
Demasiada barahúnda para tan laxos resultados en las postuladoras, demasiados convidados a la fuerza sin la convicción ni los suficientes escrúpulos para defender el concepto de honorabilidad estipulado en la Constitución. Para decir que un exconvicto no puede ser magistrado no se necesitan 25 votos y, si acaso son necesarios, entonces habrá que ver quiénes son tales votantes. La razón de ser de estas comisiones es la formación de un criterio colegiado del más alto nivel; pero, por supuesto, socavar tal meta fue y es el objetivo de ciertas decanaturas advenedizas. De hecho, ya hay en camino nuevas solicitudes de “universidades” con el mismo objetivo.
Con razón propugnaban aquellos 18 comisionados alineados por un mayor secretismo, o quizá solo estaban ensayando el voto discrecional cuando se prestaban a convertir en polémica cualquier sandez sin atisbo de vergüenza. A la vez, perdían tiempo, para luego apostarle a la inminencia de un plazo para la entrega de la nómina. Ya que no habrá entrevistas a los aspirantes —por la premura—, solo queda esperar la confección de sendas nóminas de aspirantes de donde elegirá el Congreso de la República a partir de otras variables que aún giran en la ruleta de las veleidades.
Este proceso marca de manera muy elocuente la necesidad de cambiar el concepto de comisiones de postulación. El monopolio de los abogados exhibe claras desventajas, dadas las posibilidades de colocar peones alineados en esta instancia. Se necesita una mayor participación de la sociedad, y será tarea del Congreso y la ciudadanía evaluar una nueva vía. Los abogados solo son el 0.21% de la población, pero deciden sobre el aparato de justicia para 18 millones. La visión es abrir vías más incluyentes, herramientas objetivas para mensurar la honorabilidad y metodologías menos vulnerables al asalto leguleyo.
