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Gobierno de Guatemala deroga acuerdos sobre seguro obligatorio para vehículos
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, oficializó la decisión de derogar el reglamento pero insta al diálogo.
Tras una larga reunión celebrada este miércoles 19 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura, representantes del transporte y diversas organizaciones se reunieron con el presidente de la República, Bernardo Arévalo para dialogar sobre el reglamento que pretendía entrar en vigor en 45 días.
Esto tras intensas jornadas de bloqueos que se tuvieron en diferentes puntos del país de guatemaltecos en rechazo a dicho reglamento.

Al salir de la reunión, Marlon Prera, Directivo de la Unión Nacional de Transportistas a Nivel Nacional Diferentes Modalidades (Unitransgua) informó a la población que alcanzaron un acuerdo con las autoridades para derogar los acuerdos gubernativos 46, 47, 48 y 49.
Esta decisión responde a una de las principales demandas planteadas por la ciudadanía, que exigía la eliminación de estas normativas sobre la exigencia de un seguro obligatorio para vehículos.
Postura del Gobierno de Guatemala
Luego de que los delegados de las organizaciones dieran a conocer la noticia sobre la eliminación del seguro obligatorio, el presidente Bernardo Arévalo anunció por medio de las redes sociales que, en efecto, se alcanzó un entendimiento con los representantes que participaron en el dialogo que convocó el Gobierno.
Adicionalmente, se acordaron compromisos clave para fortalecer la regulación del transporte. Uno de los principales puntos en la reunión fue la creación de una mesa técnica que buscará desarrollar una normativa para la aplicación de la Ley de Tránsito, con el objetivo de optimizar el control vehicular.
La decisión llega ante la creciente presión social y los múltiples bloqueos en distintas carreteras del país, el gobierno optó por derogar la normativa en un intento por calmar las tensiones y evitar una escalada mayor del conflicto.
Ahora, el debate se centra en que el país debe buscar una alternativa más equitativa y accesible para garantizar la seguridad vial sin afectar la economía de los guatemaltecos.