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Investigaciones contra Trump: negocios familiares, deportaciones y archivos de Epstein entre las prioridades demócratas

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Investigaciones contra Trump: negocios familiares, deportaciones y archivos de Epstein entre las prioridades demócratas
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El congresista Robert García solicitó a familiares, asesores y funcionarios del presidente Donald Trump conservar documentos ante posibles investigaciones sobre su Gobierno.

El principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigió el miércoles que los hijos del presidente Donald Trump, sus asesores más cercanos y altos funcionarios de su Gobierno, incluido el vicepresidente JD Vance, conserven documentos y proporcionen información adicional relacionada con lo que considera presuntos actos de corrupción y conducta indebida, preparando así el terreno para lo que probablemente será una intensa batalla el próximo año por los esfuerzos del Congreso para investigar a Trump.

Las 12 notificaciones fueron emitidas por el representante Robert García, demócrata por California, y detallan sus prioridades iniciales de investigación para cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes el próximo año. Se espera que García dirija el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara en la nueva legislatura, y parece estar apuntando directamente al círculo cercano del presidente para posibles investigaciones sobre los negocios de la familia Trump, lo que considera presuntos esquemas de intercambio de favores por beneficios dentro del Gobierno de Trump, la política federal de inmigración y la publicación de los archivos de Epstein.

En declaraciones a la prensa el miércoles, García afirmó que las acusaciones de corrupción “son graves y merecen ser investigadas”, y en un comunicado añadió: “Estas investigaciones sentarán las bases para una legislación que beneficie a todos los estadounidenses. Esto es solo el comienzo”.

No fue posible contactar el miércoles con algunos de los destinatarios de las cartas para obtener comentarios. El Gobierno de Trump ya había rechazado anteriormente las acusaciones de conducta indebida.

Las cartas llegan días después de que un fiscal federal amenazara con una posible investigación penal contra García, argumentando que estaba abusando del proceso de supervisión para atacar a colaboradores del presidente. El lunes, Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, le pidió a García que conservara los documentos relacionados con su “intención de instrumentalizar las investigaciones del Congreso y privar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales”.

El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, hizo una advertencia similar a García la semana pasada. Acusó a los demócratas del Congreso —que comenzaron a discutir posibles investigaciones sobre el Gobierno incluso antes de sus victorias en las elecciones de mitad de mandato— de formular “amenazas abusivas y arbitrarias” y señaló que las “citaciones ilegales” podrían “justificar una investigación adicional”. La Casa Blanca ya ha solicitado opiniones jurídicas que podrían proteger al Gobierno de Trump de participar en cualquier investigación del Congreso.

Un portavoz de García no respondió a las preguntas sobre esas advertencias ni sobre si cumpliría con la solicitud de Reitz de conservar los documentos.

En una entrevista con The Washington Post la semana pasada, García describió la carta de Scharf como una táctica de intimidación.

“No nos vamos a dejar intimidar, y el presidente no va a impedir que investiguemos”, afirmó. “Todo esto es político. Está muy claro”.

Los negocios de la familia Trump

Los primeros en la lista de García el miércoles fueron los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump. En cartas dirigidas a ambos, García señaló que el comité podría investigar su empresa de criptomonedas World Liberty Financial, que ha recibido críticas por vender una participación importante a inversionistas emiratíes poco antes de la investidura de Trump en el 2025, entre otros acuerdos.

García escribió a los hijos de Trump que parecían haber emprendido negocios para “beneficiarse personalmente de la presidencia de su padre a una escala masiva”, mientras que “las empresas que buscan contratos o un trato preferencial de la Administración de su padre parecen beneficiarse de su asociación con ustedes”. Les ordenó conservar los documentos pertinentes.

Trump Jr. ha rechazado el escrutinio de los negocios de su familia. Durante una cumbre organizada por Axios el martes, argumentó que era injusto esperar que él se quedara “sentado en un rincón, chupándome el dedo y esperando, ya saben, ocho años, en este caso 12 años, hasta que estemos fuera del juego político”.

García también presentó un cuestionamiento contra Jared Kushner, yerno y asesor cercano de Trump. El legislador señaló en una carta que el Comité de Supervisión de la Cámara podría investigar posibles conflictos de intereses relacionados con las inversiones que Kushner —quien dirige una firma de capital privado— ha realizado en distintas partes del mundo mientras se desempeña como negociador de paz del Gobierno de Trump en Oriente Medio y Ucrania.

“Estas acusaciones presentan los hechos exactamente al revés. Jared Kushner siempre ha actuado en beneficio de Estados Unidos”, afirmó en un comunicado Chad Mizelle, abogado de Kushner.

“Cualquier insinuación de que ha utilizado su servicio público para obtener beneficios económicos personales es categóricamente falsa”.

Los demócratas han vinculado directamente las acusaciones de corrupción en los negocios de la familia Trump con el costo de vida. García afirmó que “mientras la gente tiene dificultades para pagar la gasolina y los alimentos, la familia Trump se está enriqueciendo con miles de millones de dólares”.

García también dijo el miércoles que a los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara les “encantaría” que el presidente Trump compareciera para responder preguntas.

“Tiene una invitación abierta para comparecer ante el comité, pero sin duda le haremos las preguntas serias que tenemos sobre Don Jr., sobre Eric y sobre Jared Kushner”, dijo.

La política migratoria y los archivos de Epstein

En entrevistas con The Washington Post, García ha dicho repetidamente que uno de sus principales objetivos como líder del Comité de Supervisión será investigar el uso que hace Trump del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su ofensiva contra la inmigración ilegal.

Con ese fin, entre quienes recibieron notificaciones de García el miércoles se encontraba Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca y artífice de la agenda migratoria de Trump. García le escribió a Miller pidiéndole que conservara sus comunicaciones relacionadas con su “papel en la organización, supervisión y defensa” de una campaña de deportación masiva que García calificó de ilegal e inhumana.

El Comité de Supervisión ha liderado la investigación del Congreso sobre los archivos relacionados con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. En una carta dirigida a Vance el miércoles, García sugirió que el trabajo se acelerará bajo la mayoría demócrata.

El legislador solicitó a Vance que proporcionara más información antes del 2 de diciembre sobre las reuniones de la Sala de Crisis de la Casa Blanca en las que, según se informa, participó el año pasado para, según escribe García, “socavar el interés público en los archivos de Epstein y evitar el escrutinio del presidente Trump”.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la carta dirigida a Vance ni sobre las reuniones reportadas en la Sala de Crisis.

“Si los demócratas optan por llevar a cabo investigaciones fraudulentas y políticas de izquierda radical, están optando por trabajar en contra del pueblo estadounidense”, dijo la portavoz Lauren Bis en un comunicado.

García también exigió en una carta enviada el miércoles que el fiscal general Todd Blanche cumpla con las solicitudes pendientes del comité relacionadas con los archivos de Epstein, las cuales, según el legislador, el Departamento de Justicia se ha negado a atender hasta el momento. Estas solicitudes incluyen compartir información sobre la fallida publicación de los archivos bajo una ley aprobada por el Congreso el año pasado y la decisión de trasladar a Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, a una prisión de mínima seguridad.

Durante su audiencia de confirmación este verano, Blanche defendió la gestión del departamento respecto a los archivos de Epstein y afirmó que cualquier error en su publicación fue involuntario y se corrigió rápidamente.

“A los demócratas no les importó Epstein durante años, incluso durante el tiempo que supervisaron estas investigaciones, bajo el liderazgo de [Maurene] Comey y Merrick Garland”, declaró un portavoz del Departamento de Justicia en un comunicado.

“Si bien los demócratas aprovechan estas oportunidades para conseguir titulares engañosos, pronto se darán cuenta de que sus afirmaciones carecen de fundamento”.

Investigaciones a exfuncionarios y otros destinatarios

Además, García dio señales de que planea investigar a exfuncionarios del Gobierno de Trump, al enviar cartas el miércoles a Kimberly Guilfoyle, la exembajadora en Grecia; a la exjefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; a la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem; y al exasesor principal de Noem, Corey Lewandowski.

Lewandowski remitió a The Washington Post a una declaración publicada en la red social X, en la que un portavoz afirmó que “los intentos de García de construir una narrativa engañosa sobre el Sr. Lewandowski como parte de la campaña de su partido contra la Administración actual se demostrarán falsos en el momento y en el foro adecuados”.

Los demás exfuncionarios no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Catherine Townsend, directora ejecutiva del Trust for the National Mall, también recibió una carta el miércoles relacionada con las donaciones privadas para el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca. El mes pasado, The Washington Post reveló los nombres de todos los principales donantes del salón de baile, quienes en conjunto han aportado más de US$300 millones para el proyecto.

En un comunicado enviado a The Washington Post, un portavoz de la organización afirmó que cooperará “con las investigaciones del Congreso relacionadas con este proyecto”. Añadió que su función se limita a “recibir y administrar donaciones benéficas para apoyar este proyecto como entidad colaboradora 501(c)(3) del Servicio de Parques Nacionales”.

“La organización no participó en la recaudación de fondos ni en la solicitud de donaciones, ni en el diseño o la construcción del proyecto”, escribió el portavoz.

Dos funcionarios penitenciarios, el director de la Oficina Federal de Prisiones, William K. Marshall III, y la directora del campo penitenciario federal de Bryan, Tanisha Hall, recibieron solicitudes para conservar los registros relacionados con la investigación en curso sobre Epstein. Ni Marshall ni Hall respondieron a las solicitudes de comentarios.

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