La demanda ha empujado el crecimiento del sector de la seguridad privada al punto que alrededor de los 110 mil guardias registrados y no registrados casi triplican a los 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La operación ilegal de los guardias de seguridad privada que salta a la vista es una problemática identificada tanto entre las autoridades y agrupaciones de prestadores del servicio.

Hasta abril de 2025, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) tenía registradas a 273 empresas de seguridad privada autorizadas y 23 mil 872 guardias. En 2023 había 259 entidades prestadoras de servicio.

Además, por cada agente se registra un promedio de tres armas de fuego de diferentes calibres. De acuerdo con laDigessp, las empresas de seguridad privada reportan 109 mil 173 armas de fuego. Aproximadamente, el 30% son revólveres, 49% escopetas y 21% pistolas.

Hasta diciembre de 2023 las empresas habían reportado ante la Digessp que les habían robado 17 mil 378 armas y 390 más las habían perdido.

La operación ilegal de los servicios de seguridad privada pone en riesgo la vida y seguridad de las personas, asegura el titular de la Digessp, Jorge Santizo y señala que el reto como sector es que todos los guardias y empresas estén regulados, para evitar que los usuarios contraten a personas sin experiencia o con antecedentes penales y policíacos.

La contratación de guardias no registrados es un peligro, ejemplifica Santizo, porque conocen a los inquilinos de los condominios y comercios, y podrían usar ese conocimiento para cometer hechos delictivos.

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), comentó han identificado el servicio irregular de al menos 90 mil guardias. Agrega que algunas empresas no registran a los guardias privados para evadir el pago de las licencias de operaciones, prestaciones salariales para los trabajadores, impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el registro del personal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De acuerdo con los cálculos que ha hecho la Digessp junto con las cámaras empresariales, la contratación de un guardia tiene un costo mensual aproximado de entre Q7 y Q8 mil, pagando el salario mínimo y advierte que quienes cobren menos de ese precio probablemente estén operando de forma irregular.

“El poder operar sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control, viene a ofrecer servicios que probablemente son más baratos, pero que incumplen la normativa y probablemente están en la ilegalidad”, reconoció el funcionario.

Capacidad de supervisión

El director dijo que no tienen conocimiento de los comercios donde podrían estar operando esas compañías ilegales, porque sus facultades no les permiten llevar a cabo investigaciones, aunque sí han procedido a sancionar y emitir denuncias por esos hechos.

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada indicó que actualmente tienen 50 personas, en diferentes grupos de trabajo, que llevan a cabo las supervisiones. Durante los últimos dos años no han podido supervisar el 100% de esas empresas registradas, según las estadísticas.

“Nosotros actuamos cuando las personas emiten una queja ante la institución. Realizamos la supervisión y emitimos las sanciones”, reconoció.

Estadísticas de la Digessp demuestran que en 2023 llevaron a cabo 114 supervisiones de oficio y 85 por quejas. El siguiente año fueron 139 de oficio y 113 por quejas de los ciudadanos.

Durante esas visitas a las empresas y áreas donde se encontraban los guardias de seguridad privada, emitieron 60 sanciones en 2023, 65 en 2024 y hasta abril de este año han sido 15.

“Las multas pueden ir desde 10 hasta 20 salarios mínimos, según el tipo de falta cometida”, expuso.

Las empresas que operen de forma ilegal pueden ser sancionadas con Q100 mil de multa y una condena de seis a 12 años de prisión, detalló.

Según el artículo 66 de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, toda persona que preste o adquiera el servicio sin autorización o licencia emitida por la Digessp comete el delito de prestación ilegal de servicio de seguridad privada.

Cómo operan de forma ilegal las empresas de seguridad

Mérida dijo que uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada es la competencia desleal, y que esto podría estar relacionado con el proceso de autorización de licencias por parte de la Digessp.

Agregó que esto ha llevado a que empresas ya autorizadas cedan la licencia de operaciones a personas sin experiencia ni capacitación en seguridad.

“Hay una falencia desde el proceso de creación de las mismas empresas de seguridad o la falta de auditoría que se tiene que llevar a cabo. A diario van surgiendo nuevas empresas de seguridad, pero el alcance operativo que tiene la Digessp, quien regula a las empresas de seguridad, le limita a tomar ciertas acciones como la cancelación de la compañía”, reconoció Mérida.

El pasado 28 de abril la PNC capturó al guardia de seguridad privada Edgar Estuardo Méndez, de 52 años, por portar un revólver en estado de ebriedad. El detenido iba vestido con el uniforme de la empresa de seguridad privada Servivigilancia Integral, Empresarial, Corporativa, Privada, S.A. (SIECOP).

La Digessp informó que la empresa SIECOP no figura en los registros de empresas de seguridad privada. “Es importante indicar que la empresa SIECOP actualmente no cuenta con licencia de operación vigente”, detalló Santizo.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada expresó que se debe fortalecer a la Digessp para que se conforme una unidad especial que dé seguimiento a las denuncias y lleve a cabo operativos interinstitucionales con el apoyo de la PNC y MP.

“Esto permitiría atacar de raíz los servicios ilegales, ya que se llevarían a cabo capturas por acciones flagrantes, y ello crearía conciencia en los usuarios sobre el riesgo que conlleva contratar este tipo de servicios, ya que el Decreto-Ley 52-2010, en su artículo 66, estipula sanciones”, dijo la gremial.

La asociación comentó que se ha identificado que algunas compañías legalmente inscritas en la Digessp subcontratan de forma irregular a otras para brindar seguridad en colegios, abarroterías, centros comerciales y otros tipos de comercios.

“El riesgo para las empresas que subcontratan va en doble vía. Primero, la improvisación de la seguridad en las empresas que contratan los servicios, y eso pone en riesgo la vida de los guatemaltecos, porque carecen de un plan de contingencia ante un incidente”, comentó.

Además, Mérida dijo que la competencia desleal sucede porque los empresarios no han entendido la responsabilidad de los servicios de seguridad privada que se contratan.

“Siempre andan sorteándose la suerte de cómo reducir sus costos y pagar menos en cuanto a servicios. Hay empresas que cobran Q4 mil por un guardia de seguridad y es porque no les pagan las prestaciones a los agentes”, indicó.

Agregó que es un riesgo latente que al menos 90 mil guardias no estén registrados, porque no hay un control por parte de las autoridades.

Comentó que, al no pagar prestaciones a los guardias, como IGSS, vacaciones y horas extras, se genera una rotación constante de personal.

“La subcontratación de estos servicios se ha vuelto cada mes más común, y la forma en que se podría regular es darle las herramientas necesarias a la entidad —Digessp— para que actúe”, informó.

Apripri expresó que se debería hacer un análisis del reglamento y de los costos de las licencias de operación, para que los empresarios no lo vean como un impedimento para registrarse.

Investigaciones contra empresas de seguridad privada

En marzo de 2019, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público informó que llevaron a cabo el operativo “más grande de la historia contra el tráfico de armas”. Durante 387 allanamientos, incautaron 138 armas de fuego y desmantelaron una empresa de seguridad privada.

Los fiscales explicaron que esa empresa registró ante el Departamento de Armas y Municiones al menos 900 armas, y utilizó documentos falsos para conseguir contratos y beneficios lucrativos.

En noviembre de ese mismo año la PNC incautó 410 armas de fuego a una empresa de seguridad privada que operaba de forma ilegal en Santa Catarina Pinula y zona 17 capitalina.

Denuncias de ciudadanos y guardias

Santizo comentó que identificar a las empresas que operan de forma ilegal es una tarea que involucra a la dirección, compañías, guardias y ciudadanos.

El funcionario dijo que los guatemaltecos pueden denunciar a los agentes de condominios, centros comerciales, colegios y otros negocios al 1578, enviando una carta a la sede de la institución en la zona 8 capitalina o un correo electrónico.

Además, los guardias también pueden denunciar a los empresarios de forma anónima.

Comentó que las empresas que desean contratar seguridad privada pueden consultar la página de la Digessp, donde hay un listado de quienes sí cumplen con los permisos.

Más supervisores en el interior del país

Santizo afirmó que entre agosto de 2024 y marzo de 2025, se hizo un ejercicio con instituciones de gobierno, empresas y quienes contratan seguridad privada para elaborar una política para fortalecer a la Digessp.

Detalló que en la actividad participó la Dirección General de Control de Armas y Municiones, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la sociedad civil.

Se trata de un plan estratégico a 10 años para abordar las problemáticas a través de ejes de acción.

El plan de la Digessp es implementar oficinas de supervisión en el oriente y occidente del país para lo que se espera contratar a 20 personas.

“Eso nos va a permitir tener un acceso, una reacción y una atención más inmediata. Queremos alcanzar a las 273 empresas en un año, hacer una supervisión de oficio durante ese periodo y avanzar en los procesos de verificación, que se han incrementado en relación con las quejas, y eso es positivo”, explicó.

Santizo dijo que la meta a corto plazo es que todos los trámites de la dirección sean en línea, y que hasta la fecha han avanzado en un 50% con la implementación de ese proyecto.

“Yo siempre le digo a la gente de la dirección: tienen que estar sabidos y conscientes de que un mal trabajo, una mala supervisión puede terminar vulnerando la seguridad de alguna persona”, destacó.