Me opongo a las prerrogativas que se otorgan al Ejército y a sus engendros-exmilitares, sean “terroristas de Estado” o instrumentalizados, y grupos paramilitares, desde comisionados hasta PAC, pasando por miembros de “escuadrones de la muerte” y sicarios. Lo digo sin ambages, aunque se diga que “predico en el desierto”.

Colma hoy la paciencia que las extorsiones de exmilitares y ex PAC, iniciadas bajo Pérez y exacerbadas por Jimmy y Giammattei, continúen hoy bajo Arévalo, con la meta de ganar más y desestabilizar al gobierno. Para colmo, los inmorales pagos a exmilitares y ex PAC, por muchos años, no salen del presupuesto del Ministerio de la Defensa, sino que del Mides, que cuenta con menos recursos para intentar frenar el subdesarrollo.

Critico a diputados y diputadas por ceder a la deshonesta y criminal extorsión, y si el Congreso aprueba las leyes propuestas, exhorto al presidente Arévalo a vetarlas. Las viudas de militares y PAC, que han sido incluidas sólo ahora, demagógicamente, deben gozar de los mismos derechos que las viudas y viudos de las víctimas, sin prerrogativas especiales por haber sido cónyuges de victimarios.

Es posición de la RPDG, y mía personal, lo que se dice en la cápsula informativa 237-25: “Que sepamos, Guatemala es el único país del mundo en el que los victimarios son recompensados y las víctimas son ignoradas. En el caso del genocidio contra el Pueblo Maya y en los casos de violaciones de derechos humanos contra la población, incluidos crímenes de lesa humanidad, son recompensados por el Estado los militares y PAC, mientras que las más de 200,000 víctimas mortales y las familias de las y los 45,000 detenidos-desaparecidos no han recibido el debido resarcimiento”.

Es todavía mayor mi rechazo personal a las prebendas y concesiones al Ejército, porque contradicen el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, particularmente en sus disposiciones sobre el papel del Ejército en una sociedad democrática. De hecho, afirmo ante la Historia que Guatemala no necesita un Ejército como el que existe: jamás ha pedido perdón al Pueblo de Guatemala, particularmente a las víctimas, por el genocidio contra el pueblo Maya y los crímenes de lesa humanidad contra la población. Tampoco ha pedido perdón a la nación por entregar la soberanía nacional a Washington en 1954 y haber servido al imperio hasta la fecha. En su historia hay pocos episodios dignos: la Revolución del 20 de Octubre de 1944, la defensa del país frente a la invasión liberacionista, el levantamiento de cadetes de la Escuela Politécnica el 2 de agosto de 1954, la asonada del 13 de noviembre de 1960 y la conformación de guerrillas.

Ese ejército, corrompido por el poder económico, el imperio y los politiqueros, debe ser sustituido por un ente que goce de la confianza ciudadana. Guatemala requiere de una Guardia Nacional (GN), para proteger fronteras, defender el suelo nacional y garantizar la seguridad externa, la cual se enfrente a cualquier injerencia extranjera. Una nueva Constitución debe establecer la sustitución del Ejército, nunca nacional, por una GN que esté acorde con las palabras del Himno Nacional.