Hoy, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín cumple mil 68 días de estar detenido injustamente. Desde el 29 de julio de 2022 —día en que fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron su casa y lo detuvieron, acusándolo de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias—, el expresidente del desaparecido diario elPeriódico ha tenido que afrontar tres procesos penales espurios a partir de investigaciones fabricadas por una fiscalía alineada con los intereses de sectores corruptos.

Aunque el Tribunal Noveno de Sentencia integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas resolvió otorgarle arresto domiciliario en el primer proceso penal en su contra y el entonces juez suplente del Juzgado Segundo Penal, Érick García, falló en el mismo sentido en el segundo y tercer casos, Zamora Marroquín permanece recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala porque la Sala Tercera de Apelaciones anuló la resolución del juez García y ordenó su regreso a prisión.

Dicha sala, conocida en los pasillos judiciales y parlamentarios como “la sala de Felipago”, está integrada por Alejandro Prado Estrada —abogado del exdiputado Felipe Alejos (Felipago), señalado en el caso Traficantes de Influencias— y Mario Federico Hernández Romero, exdefensor del expresidente Otto Pérez Molina en los casos La Línea y Cooptación del Estado, y exabogado de la exdirectora del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo, esposa de Alejos y también implicada en varios casos de corrupción. Por eso no sorprende que, “de oficio”, hayan conocido una apelación presentada por el MP y decidieran anular todo lo actuado por Érick García, incluido el arresto domiciliario otorgado a Zamora.

La resolución notificada el 3 de marzo de 2025 se hizo efectiva siete días después, durante una audiencia en la que García se vio obligado a cumplir el fallo de la Sala Tercera, aunque no estuviera de acuerdo. Recordemos que, en ese momento, el juez denunció que tanto él como el personal de su juzgado estaban siendo amenazados y presionados. En vez de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara una investigación por estas amenazas, se resolvió trasladar a García al departamento de Escuintla, probablemente como castigo por su independencia.

Desde el 10 de marzo, el equipo legal de Zamora presentó los recursos necesarios para restaurar el arresto domiciliario del periodista. Sin embargo, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ apenas este viernes emitió una resolución que abre esa posibilidad. Y digo “abre” porque, en vez de resolver de inmediato la medida sustitutiva, ordenó a la Sala Tercera reexaminar su fallo y pronunciarse sobre los agravios planteados por la defensa. En resumen, se sigue retrasando (una vez más) el otorgamiento de la medida sustitutiva; y, considerando los antecedentes de la “sala Felipago”, cualquier cosa podría ocurrir.

Pero existe otra posibilidad: que el Juzgado Segundo, ahora que la Cámara de Amparos de la CSJ otorgó el provisional, decida ejecutar la resolución, repita la audiencia en la que se revocó el arresto domiciliario de Zamora y revise la detención arbitraria que enfrenta.

Jose Rubén sufrió torturas, enfrentó la persecución de una decena de sus abogados y la violación sistemática de su derecho de defensa. Su encarcelamiento fue catalogado por un grupo de expertos de la ONU como “detención arbitraria”, y cuando se le otorgó el arresto domiciliario cumplió con todas las medidas impuestas por el juzgado. No hay razón válida para mantenerlo en la cárcel; lo justo es que pueda defenderse en libertad.

Basta de enredos jurídicos y del litigio de mala fe con el que actúan el MP y los querellantes. Hacer periodismo no es delito.