La discusión sobre el presupuesto del Estado no debiera limitarse solo a su aprobación, sino que se debe dar seguimiento a toda su ejecución. Solo así se puede evaluar si los recursos se usan con eficiencia y orientados al bienestar. La semana pasada, el Cien presentó un estudio sobre la ejecución presupuestaria de 2024, del primer año del gobierno de Bernardo Arévalo. (https://cien.org.gt/index.php/13654/)
El manejo del presupuesto fue atípico. Aunque el Congreso aprobó un nuevo presupuesto, la Corte de Constitucionalidad lo suspendió, por lo que durante nueve meses rigió el presupuesto del año anterior. En agosto se aprobó una ampliación significativa (decreto 17-2024), que sumó Q14,151.7 millones al presupuesto vigente de Q116,130.6 millones. Hubo once ampliaciones menores por Q932.1 millones, vía acuerdos gubernativos. Así, el presupuesto total para 2024 alcanzó los Q131,214 millones.

En cuanto a ejecución presupuestaria, según la clasificación económica, el funcionamiento representó 73.3 %, la inversión 8.3 % y el servicio de la deuda, 18.4 %. El estudio del Cien señala un aumento de Q2,459.1 millones (7.6 %) en remuneraciones. El mayor incremento se dio en Salud (Q1,077.9 millones), Educación (Q620 millones) y Gobernación (Q616.2 millones). Preocupa contar con más programas de transferencias monetarias directas. Un ejemplo es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que creó el bono único —Q1,000 para familias rurales sin electricidad—, con un presupuesto de Q155 millones, del cual solo se ejecutó la mitad. Estas asignaciones pueden atender necesidades reales, pero es debatible si corresponde a una política pública y cuál fue su impacto.

Hubo una caída de la inversión pública del 42%. Infraestructura vial, mantenimiento de edificios y proyectos del Ministerio de Comunicaciones se redujeron drásticamente. El gasto de capital alcanzó solo un 8% del total. Por otro lado, los Consejos de Desarrollo (Codedes) recibieron Q1,304.8 millones por el situado constitucional y Q1,762.8 millones adicionales. Preocupa que estos fondos se asignen sin una verificación clara de sus resultados ni evidencia de que estén cumpliendo con criterios de impacto y transparencia.

En términos fiscales, aunque los ingresos fueron ligeramente menores a lo esperado, el gasto se mantuvo bajo, sin que ello responda necesariamente a una decisión estratégica. El déficit fiscal fue de 1.0% del PIB, lejos del 2.5% originalmente proyectado. También hubo una reducción en la deuda pública, de 29.6% a 26.4% del PIB, aunque preocupa que el Estado aún dependa en gran medida del endeudamiento en comparación con lo que recauda en impuestos.

El ritmo de ejecución fue desigual. Hasta septiembre, era bajo; solo en el último trimestre, tras aprobarse la ampliación más cuantiosa, se aceleró el gasto. Esto limita el impacto en sectores que requieren planificación y ejecución sostenida.

Otro punto débil: no se publicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, esencial para dar certidumbre. Tampoco se incluyeron análisis de resultados por programa. Sin evaluaciones rigurosas, no es posible saber si los recursos realmente están mejorando la vida de las personas.

En resumen, se contó con un menor déficit fiscal y bajó la deuda, pero preocupa grandemente el gasto en funcionamiento, la baja en inversión y las asignaciones a los Codedes. Para corregir el rumbo, es clave planificar, ejecutar a tiempo, orientar el gasto hacia resultados y fortalecer la institucionalidad financiera. El Gobierno necesita un sistema de monitoreo y evaluación que verifique que los recursos asignados cumplen con la ley y benefician a la población. El reto no es solo gastar más, sino gastar mejor.