Sospechoso fallo de sala de Petén sin juicio

Efraín Berganza Sandoval y Marco Antonio Ramos Sologaistoa se llaman los magistrados de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Petén que votaron a favor de cerrar el proceso penal contra tres militares vinculados a la investigación por el robo de 74 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14 mil municiones. No les importó que la fiscalía presentara unos 300 medios de prueba para deducir responsabilidades a los señalados por el saqueo de dicho arsenal, perpetrado en una instalación militar hace un año. Lo más grave es que el caso ni siquiera ha llegado a juicio y los mencionados magistrados socavaron eso en dos plumazos.

Pero hubo un voto disidente, el de la magistrada Karol Desiree Vásquez, quien consideró que los indicios presentados por el Ministerio Público merecen discutirse en juicio. De hecho, el recurso ante dicha sala parece amañado, pues aún no existe una sentencia contra los acusados, ya que la etapa intermedia no exige certeza sobre la responsabilidad penal, sino acreditar indicios suficientes.

Para empezar, está la responsabilidad de los implicados bajo una cadena de mando. El saqueo ocurrió en una instalación militar —que se supone muy segura— donde las cámaras de vigilancia fueron apagadas o manipuladas, en donde vehículos particulares tuvieron acceso a zonas restringidas, en donde los chequeos para entrar a la zona de almacenamiento de armas son un requisito inexcusable. Uno de los involucrados, Bryan Lizandro Santos Córdova, encargado de llaves de esa bodega, habría pedido ayuda a otro militar para sacar las cajas, por una coima de Q5 mil. Parte de las armas fueron encontradas en un desagüe próximo a la instalación castrense. Debe haber responsables por acción u omisión, sin excusas ni impunidades, porque tales armas van a un mercado negro criminal.

No se trata de pedir condenas mediáticas ni de desconocer las garantías procesales. Precisamente por eso, la discusión debe producirse en los tribunales, con las pruebas confrontadas y las responsabilidades individuales establecidas. El derecho de defensa no está reñido con la obligación de investigar a fondo un hecho de semejante gravedad. El Ministerio Público presentó un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la resolución de apelación no está suficientemente fundamentada. Y, de hecho, ya la Supervisión de Tribunales debería estar analizando una revisión del extraño proceder de esos dos magistrados.

En estos casos no hay espacio para afinidades, y menos todavía para tratar de argumentar supuestos sesgos ideológicos al procesar a personal militar. Ellos no están bajo proceso por su pertenencia a la institución, sino por su presunto incumplimiento de obligaciones, cuando menos. Por cierto, el propio Organismo Judicial arrastra la impunidad de un robo de su armería apenas en agosto último: una auditoría detectó la sustracción de armas que estaban consignadas al resguardo de esa institución.

El robo ocurrió luego de la súbita renuncia del encargado de dicha armería, cuyo nombre nunca se dio a conocer públicamente y no se sabe siquiera si fue investigado. Tampoco se detalló cuántas armas y de qué tipo fueron sustraídas, a pesar de ser un tema de grave interés y riesgo público. Así que, ante el escandaloso robo de un arsenal militar de enormes dimensiones, la decisión de dos magistrados de cerrar el proceso contra tres de los investigados plantea connotaciones adicionales. Demasiado sufren los guatemaltecos los embates de la violencia delictiva como para que se tolere una perversa proveeduría de municiones a cargo de entes públicos.