El 20 de febrero de 2025, representantes de la Asociación de Colegios Privados (ACP), entregaron al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, un expediente respaldado por más de 2 mil 600 firmas de personal docente, administrativo y operativo de 37 centros educativos privados en el que solicitan que se les restablezcan los beneficios del Irtra.

En este documento, denuncian la violación de sus derechos constitucionales tras la emisión del Acuerdo Número 3-2024 por parte de la Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra).

Además, la Asociación de Colegios Privados ha solicitado al Congreso que, en virtud del artículo 168 de la Constitución, cite a los miembros de la Junta Directiva del Irtra para que expliquen las razones detrás del acuerdo 3-2024 y aclaren por qué, si los centros educativos están exentos del pago del Impuesto de Recreación, sí recibieron dichos pagos desde la aprobación de la Constitución Política de Guatemala, en 1986.

Asimismo, proponen una reforma a la Ley de Creación del Irtra, Decreto 1528 del Congreso de la República, para introducir una contribución voluntaria que garantice el derecho a la recreación de los trabajadores de colegios privados.

En respuesta, el presidente del Congreso aseguró que abordarán el tema con celeridad y solicitarán una reunión con representantes del instituto de recreación para abordar el tema.

Medidas recientes del Irtra y la Asociación de Colegios

Esta acción representa una nueva fase en los esfuerzos de la Asociación de Colegios Privados (ACP) para que los empleados de instituciones educativas privadas recuperen los beneficios del Irtra.

Por otro lado, voceros de la ACP explican que, aunque el Irtra había comunicado que los empleados de colegios privados con carnés vigentes podrían utilizarlos hasta su fecha de expiración, sin posibilidad de renovación posterior, a partir del 18 de febrero, varios colegios comenzaron a recibir cartas del Instituto de Recreación que sugerían una inhabilitación completa de los carnés.

La ACP argumenta que la decisión del Irtra es “arbitraria y discriminatoria”, contraviniendo los principios constitucionales de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, tal como lo establece el artículo 106 de la Constitución Política de la República.

La asociación, también, destaca que, durante más de 40 años, los colegios privados han contribuido al Irtra y ahora sus empleados se ven privados de los beneficios de recreación que históricamente han disfrutado.

El origen del conflicto

En abril de 2024, el Congreso de la República aprobó el Decreto 9-2024, que reformó la Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra). Estas reformas se centraron en facilitar los procesos de compra y contratación para nuevos proyectos, además de otorgar nuevas atribuciones a la Junta Directiva del instituto.

Jorge Mario Chajón, asesor de la presidencia del Irtra, explica que es importante destacar que este decreto no modificó el Artículo 12 de la ley original, el cual establece una aportación patronal del impuesto del 1% sobre los salarios de los trabajadores de empresas privadas con fines de lucro, destinada al financiamiento del instituto de recreación.

Según Chajón, durante el proceso de actualización de la ley se analizó detalladamente cada artículo de la ley orgánica del Irtra y, como resultado, los asesores legales concluyeron que, conforme al Artículo 12 de la ley del Irtra y los Artículos 73 y 88 de la Constitución Política de Guatemala, los centros educativos están exentos de todo tipo de impuestos, incluyendo el de recreación.

Como resultado, al no poder cobrarles dicho impuesto, el instituto argumenta que los trabajadores de estas instituciones no pueden seguir gozando de los beneficios de este. En otras palabras, el artículo 12 no fue modificado, su aplicación se ajustó para cumplir con las disposiciones constitucionales vigentes.

Asociación solicita revertir exclusión

En enero 2025 la Asociación de Colegios Privados (ACP) publicó un comunicado en dónde solicitaron revertir esta decisión, argumentando que afecta derechos laborales adquiridos y contradice disposiciones constitucionales que, si bien eximen del pago de impuestos a los colegios, no deberían excluir a sus empleados de los beneficios del Irtra.

Según la ACP, esta exclusión impacta negativamente a miles de trabajadores que durante años han accedido a estos espacios recreativos como parte de su bienestar laboral.

El debate sigue abierto, con la expectativa de que se analicen posibles alternativas para que los docentes y personal administrativo de colegios privados puedan volver a acceder a estos beneficios.