La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar el amparo que había sido interpuesto en contra del nombramiento de Jonathan Menkos como Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, debido a que la ley específicamente inhabilita para ese cargo a quien sea un funcionario electo popularmente y él es un diputado que pidió permiso al Congreso específicamente para ocupar la cartera del Ministerio de Finanzas. Hubiera bastado que Menkos renunciara a su calidad de diputado para eliminar ese obstáculo, pero por alguna razón ni los abogados involucrados en la asesoría de ambos funcionarios, ni el Presidente ni el mismo Menkos vieron la necesidad de tal acción. No hay que olvidar que el primero que habló de eso fue el presidente del Congreso, Luis Contreras.

Es en realidad impresionante la forma en que se está operando en la actualidad, porque es obvio que quienes asesoran al mandatario no están teniendo lo necesario para el ejercicio adecuado de las funciones públicas. Pareciera como si su círculo cercano estuviera más interesado en otros asuntos, que posiblemente rindan más, que en ejercer la función de brindar correcta asesoría para evitar situaciones que evidencian una seria debilidad del régimen y una improvisación preocupante.

A ello hay que sumar, además, lo ocurrido ayer cuando se anunciaron las medidas que fueron tomadas en contra del Jefe del Estado Mayor del Ejército y de quienes tuvieron alguna participación en el movimiento realizado en Huité, donde un enfrentamiento armado dejó varias víctimas, entre ellas una madre, sus dos hijas y un menor de edad. Sin duda es clave investigar quién es el responsable de esas muertes, porque hay expertos que no descartan que hayan sido los grupos criminales operando cómo le han hecho en México, pero si el Ejecutivo sigue ignorando el hecho que había un capo que es requerido por Estados Unidos, se mandan mensajes sumamente confusos.

Por la ruta que tomaron, desde el inicio, la explicación oficial no dejaba espacio para suponer que había algún problema que pudiera derivar en la remoción de un alto jefe del Ejército, pero el mismo Presidente dijo que fue hasta ayer que recibió el informe sobre los hechos que ocurrieron el 27 de septiembre. Agregó que por razones legales y no de seguridad nacional, el asunto queda bajo reserva mientras se hacen las investigaciones de lo ocurrido en ese municipio del oriente del país, en donde se sabe que opera uno de los más importantes carteles, el de los herederos de los Lorenzana.

En pocos días se van sumando casos en los que se evidencia que en el gobierno no existe un adecuado cuerpo de asesoría que pueda orientar al mandatario sobre las consecuencias de sus decisiones o de sus declaraciones, como las que dio inicialmente tras el enfrentamiento armado en Huité, las que usó para defender el cuestionamiento legal por el tema Banguat y las que ha dado para defender negocios que ponen a su Gobierno a la par (si no es que por encima) de los gobiernos de Giammattei – Martínez y Morales.

Es delicada la situación porque vivimos en un país donde el presidencialismo se ha fortalecido como parte de los acuerdos entre grupos criminales dedicados al saqueo del erario público y en el caso presente todo indica que Arévalo no posee la información adecuada para la toma de decisiones y que quienes le rodean están más interesados en otros asuntos que en el buen desempeño del régimen ante la problemática nacional.