Autor: Alejandro Solórzano
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El sistema de elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones en Guatemala es un campo fértil para la influencia política, la impunidad y la corrupción. A nivel técnico, la Ley de Comisiones de Postulación establece un mecanismo que busca seleccionar a los candidatos más idóneos para ejercer cargos judiciales, evaluando tanto su idoneidad profesional como su integridad moral. Sin embargo, detrás de este proceso aparentemente técnico y meritocrático, subyace una realidad más cruda: la distribución de las fuerzas políticas en el país está diseñado así y no podemos esperar algo distinto hasta que no se cambie el sistema de elección.

Es importante desmenuzar este fenómeno a partir de dos aspectos clave: el diseño institucional de las comisiones de postulación y la influencia de los distintos sectores en el proceso de elección. Las comisiones de postulación están conformadas por actores de diversa índole: representantes del colegio de abogados electos de manera “democrática”, rectores de universidades y miembros de las cortes ya electas, entre otros. A simple vista, este diseño plural parecería garantizar una elección equilibrada. Sin embargo, la realidad demuestra que la fragmentación y la capacidad de maniobra política dentro de estas comisiones permiten que los partidos políticos, así como otros actores con intereses particulares, ejerzan su influencia de manera directa o indirecta.

La «repartición de fuerzas políticas» en el proceso de elección de magistrados es un reflejo del equilibrio de poder que busca instaurarse en los principales órganos del Estado. Los partidos políticos ven en la elección de magistrados una oportunidad para consolidar o ampliar su influencia en la toma de decisiones del Poder Judicial; decisiones que, justamente, tienen la finalidad de influir en las resoluciones que estos órganos deben emitir, considerando para ese fallo la perspectiva de sus “padrinos” que les permitieron obtener tal magistratura. Resulta claro que esta dinámica afecta gravemente la independencia judicial. Las designaciones, que deberían basarse en el mérito y en la probidad de los candidatos, terminan respondiendo a acuerdos políticos en los cuales los grupos parlamentarios y las élites cleptocráticas y económicas aseguran una cuota de representación en los tribunales.

Este panorama no es nuevo ni exclusivo de Guatemala, pero en el contexto del país adquiere dimensiones preocupantes. Las deficiencias estructurales del sistema político y la debilidad de las instituciones estatales fomentan que la cooptación del sistema judicial se materialice a través de los nombramientos de jueces que responden, no a la Constitución ni a los principios de justicia, sino a compromisos con actores políticos o económicos. Aquí se plantea un dilema crucial para el Estado de Derecho en Guatemala: ¿cómo garantizar la imparcialidad y la transparencia en la elección de magistrados cuando el proceso en sí está diseñado para ser susceptible a las presiones externas?

La clave de este debate jurídico es entender que la naturaleza de las comisiones de postulación, tal como están estructuradas, facilita que se reproduzca este reparto de cuotas políticas. En lugar de fortalecer la independencia judicial, esta perpetúa un sistema en el que la justicia se ve enredada en los intereses de los partidos y grupos de poder.

La columna se me hace corta para abordar en profundidad la reforma estructural que asegure que las comisiones de postulación funcionen con la finalidad de garantizar independencia a los magistrados, pero hasta no alcanzar esas reformas, la elección de magistrados seguirá siendo, en gran medida, una repartición de fuerzas políticas que compromete el principio de imparcialidad que debe guiar cualquier sistema de justicia.