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MP busca investigar a binomio presidencial por fuga de reos en Fraijanes II
La Fiscalía de Delitos Administrativo presentó una solicitud de antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, para iniciar una investigación en su contra tras vincularlos a la fuga de reos de la cárcel Fraijanes II. Según indica el ente investigador, se busca investigar al binomio presidencial por el delito de […]
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La Fiscalía de Delitos Administrativo presentó una solicitud de antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, para iniciar una investigación en su contra tras vincularlos a la fuga de reos de la cárcel Fraijanes II.
Según indica el ente investigador, se busca investigar al binomio presidencial por el delito de incumplimiento de deberes, al asegurar que estos «ostentan responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario».
2025: 302 días de trabajo fuerte y firme 💪
🚨 MP presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente y vicepresidenta
La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el Presidente de la República, César… pic.twitter.com/IhbZCyBSNb
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 29, 2025
A criterio del Ministerio Público (MP), la investigación se iniciaría por la «presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas» ante la fuga de los 20 privados de libertad.
Dentro de la información aportada por el MP, también se confirma la orden de captura contra el exministro de gobernación, Francisco Jiménez, quien ahora suma dos procesos en su contra.
Mientras tanto, la petición de antejuicio contra la cabeza del Organismo Ejecutivo, fue trasladada por la dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), al Juzgado Cuarto Penal.
De acuerdo al trámite correspondiente al proceso de antejuicio, el Juzgado Cuarto Penal, deberá notificar del proceso en contra de los gobernantes, para posteriormente inhibirse y trasladar el expediente a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde los magistrados deben determinar si se da trámite o no a la pretensión del MP.
