Un axioma muy viejo sigue siendo refrendado por realidades e incluso debacles. Es una verdad incómoda que pone en jaque las peroratas politiqueras que en cada campaña ofrecen “propiciar”, “facilitar”, “impulsar”, “atraer” y otros verbos afines referidos a la inversión para generar empleos. Pero en perspectiva, dicha tarea no la realiza el funcionario, sino el empresariado, de todo tamaño, que busca oportunidades de negocio, que pone en juego capital, prestigio e innovación; que necesita de un punto geográficamente estratégico —y esa es la gran ventaja de Guatemala— para instalar un centro logístico, una fábrica, un local para prestar servicios o resolver necesidades con productos novedosos en un mercado exigente.

Pero en ese afán, el inversionista se topa con lastres que aumentan costos, agregan complicaciones, retrasan la operación, que añaden pérdidas y ponen en riesgo la sobrevivencia, no solo de la aventura, sino de los empleos que provee: desde tramitología lenta y análoga hasta limbos legales —y, por ende, falta de certeza jurídica—, infraestructura insuficiente e incluso solicitudes de voluminosos pagos por parte de funcionarios corruptos para avalar contratos, extender permisos o simplemente estampar una firma.

Algunas de estas rémoras son desgraciadamente prolongadas en el país, incluyendo vergonzosos casos impunes de cohechos a cargo de diputados, ministros y otros funcionarios, de varias legislaturas y gobiernos. Por eso es valioso el llamado efectuado por el presidente de la Cámara de Industria (CIG), Enrique Font, durante el 20 Congreso Industrial, acerca de establecer una mesa permanente de alto nivel entre sector público y privado, para agilizar inversiones varadas por formalismos, parsimonias o incluso burócratas venales.

La CIG señaló al menos seis casos de inversiones, nacionales e internacionales, que se encuentran obstaculizadas por trámites arcaicos, lentitud en procedimientos, falta de normativas o incluso el temor a represalias legales o sanciones administrativas que sirven como un chantaje discrecional. El foro propuesto debería promover compromisos de acción y precedentes legales para despejar el camino de ulteriores inversiones. Pero no solo debería ser una cuestión presidencial o de los altos mandos del Ejecutivo, sino un compromiso de los liderazgos partidarios, sobre todo en el Congreso, que se mueven por agendas cortoplacistas pero que en tiempos de campaña invocan en vano la palabra mágica: “inversión”.

Por ejemplo, en este momento debería acelerarse el consenso alrededor del Plan Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana, donado por Corea del Sur, el cual plantea 123 kilómetros en circunvalaciones al área metropolitana y 46 kilómetros de vías entre municipios conurbados, optimización del transporte público y aspectos de seguridad ciudadana. No hay que esperar más análisis técnicos ni comités de retraso, porque este es el estudio que puede transformar la movilidad para el mayor núcleo productivo del país. Pero se necesita decisión política y capacidad para gestionar los recursos públicos.

Porque lo único que debería producir el Estado es una visión de país, y eso abarca un compromiso de todos los partidos políticos. Guatemala padece la paradoja de tener recursos, cooperación internacional, proyectos identificados y seguir varado en la ciénaga de la politiquería farisaica. La mesa para agilizar inversiones no sería una panacea, pero sí un factor de proactividad y, por ende, de competitividad para la generación de oportunidades renovadas.