La Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó amparo provisional al superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, y por competencia trasladó el expediente a la Corte Suprema de Justicia para el trámite respectivo.

El titular de la SAT presentó una acción de amparo ante el alto tribunal constitucional para que se garantice como ciudadano y representante legal de esa entidad su derecho fundamental a la presunción de inocencia y derecho a la defensa.

De igual forma, con este recurso buscaba que se ordenara al Ministerio Público (MP) abstenerse de solicitar cualquier tipo de medida de coerción personal que restrinja su libertad y con ello garantizar la autonomía funcional como superintendente.

Díaz también pidió que se otorgara protección constitucional extendida a su núcleo familiar, tomando en cuenta la posibilidad de que se involucrara en una supuesta causa abierta por la fiscalía en su contra a la firma de auditores propiedad de sus hermanos.